Sentencia N° 1993 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de diciembre de 2023

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Vitelio José Herrera Lamus, quien actuó en nombre propio. La decisión se fundamenta en la falta de claridad y coherencia en el escrito presentado, lo que impide a la Sala determinar la competencia para conocer del asunto. Además, se impone una multa de cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, debido a las expresiones irrespetuosas contenidas en el escrito del demandante.

De la cita anterior, se observa que el ciudadano Vitelio José Herrera Lamus interpone, en su confuso escrito, acción de amparo constitucional, pero sin precisar contra qué actuación o ente ejerce su solicitud de tutela constitucional, lo que hace imposible para la Sala la determinación de la competencia para conocer del asunto; tal vaguedad o imprecisión, a juicio de este Alto Tribunal, hace innecesario, desde el punto de vista lógico jurídico -procesal-, un pronunciamiento sobre la competencia del órgano jurisdiccional llamado al conocimiento y resolución de la pretensión, antes de la desestimación de la demanda, dada la manifiesta, se insiste, ambigüedad, incoherencias y desatinos formulados por el accionante (Vid. sentencia de esta Sala nro. 0227 del 29 de junio de 2022, caso: “Luis López Iglesias”). Al respecto, esta Sala en sentencia nro. 93 del 6 de febrero de 2003, caso: “José Manuel Ballaben”, señaló: “(…) el accionante ha incurrido en el escrito libelar (ver -entre otros- folios 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 44 y 52), en irrespeto a la majestad del Poder Judicial, al señalar -entre otras frases ofensivas- que los Magistrados que suscribieron el fallo accionado lo hicieron con ‘...premeditada parcialidad...’ y que dicho fallo constituye una ‘aberración jurídica’. Al respecto, esta Sala estima conveniente ratificar, en esta oportunidad, lo sostenido en sentencia del 5 de junio de 2001, recaída en el caso Marielba Barboza, en la cual se señaló: ‘...que constituye un deber de todo abogado mantener frente a los órganos que conforman el Poder Judicial una actitud respetuosa, debiendo abstenerse de realizar cualquier acto o utilizar expresiones contrarias a la majestad de la justicia, conforme lo exige el artículo 47 del Código de Ética Profesional del Abogado, en concordancia con lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil’. Siendo que los conceptos emitidos por el accionante respecto a la decisión accionada, sobre el Magistrado ponente de la misma y de los Magistrados de la Sala que la suscribieron, son ofensivos e irrespetuosos, esta Sala tal y como lo ha decidido en otras oportunidades (v. sentencia Nº 1815 del 5 de agosto de 2002, caso Rubén Darío Guerra), declara inadmisible la solicitud en cuestión conforme lo dispone el artículo 84.6 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable al amparo de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; acción de amparo que por demás resulta inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 6.6 de la Ley que rige la materia. Así se decide. Debe advertir la Sala, en un sentido general, que si bien es cierto que el numeral 6 del citado artículo 84, como causal de inadmisión de demandas o solicitudes, reza: ‘Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos...’, lo que concretiza la falta a los escritos de demanda o solicitudes, no es menos cierto que existe un fraude a la ley cuando la ofensa o el irrespeto no se efectúa en el escrito, pero si fuera de él, como ocurre en declaraciones públicas, motivo por el cual la Sala, considera que tales declaraciones anteriores, coetáneas o posteriores a la introducción del escrito hacen inadmisibles las mismas, y así se declara…”.

Se declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado VITELIO JOSÉ HERRERA LAMUS, ya identificado, actuando en nombre propio. Se impone MULTA al abogado Vitelio José Herrera Lamus, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de cien (100) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor.