Sentencia N° 198 Constitucional TSJ 2001: Carlos Cifuentes Briceño — La improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, revoca la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Cifuentes Briceño. La Sala determina que la acción de amparo era improcedente, ya que el fundamento de indefensión alegado por el accionante se basaba en la violación de normas de orden legal y sub legal, y no en preceptos constitucionales. Por lo tanto, se concluye que la acción de amparo no cumplía con los requisitos necesarios para su procedencia.

Una vez determinada la competencia pasa esta Sala a decidir y en tal sentido observa: En el presente caso, la sentencia objeto de la consulta fue dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 24 de abril de 1998, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Carlos Cifuentes Briceño contra el acto dictado por el Juzgado del Municipio Santa Catalina de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas de fecha 15 de enero de 1991, mediante la cual se anuló el asiento Nº 4 del Libro de Autenticaciones llevado por ese Juzgado en fecha 19 de junio de 1990, en el cual quedó asentado el contrato de compra-venta de un lote de obras de arte (cuadros de pintura). El accionante alegó en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, “...que la actuación se realizó en contravención con lo dispuesto en la Ley de Registro Público y en el Reglamento de Notarías, según los cuales, una vez otorgado un documento no puede el Notario anularlo, por cuanto corresponde al interesado intentar los recurso que la propia ley otorga...”, violando con ello el derecho a la defensa y al debido proceso. Al respecto observa la Sala, que la parte actora invocó como fundamentos de su acción la violación de normas de orden legal y sub legal para de allí derivar la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, cuando la acción de amparo constitucional exige como requisito de procedencia que exista una violación directa e inmediata de los derechos o garantías de rango constitucional. De allí que dicha acción no puede hacerse valer cuando como paso previo se haya establecido la violación de normas inferiores a la Carta Fundamental. El aserto anterior constituye jurisprudencia reiterada de este alto Tribunal, en cuanto a la procedencia de esta acción. Así, en sentencia de fecha 18 de febrero del año 2000, caso: María Teresa Cámara de Alexandre, se estableció “que para verificar si efectivamente hay o no violación de algún precepto constitucional, no es necesario constatar en forma previa, una infracción de rango legal, ya que, de ser así, se estaría desvirtuando totalmente la naturaleza especial del amparo constitucional, dándole a este medio de protección judicial un alcance y contenido distinto al consagrado en la Ley.”

1. REVOCA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 24 de abril de 1998, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional contra el acto dictado por el Juzgado del Municipio Santa Catalina de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas de fecha 15 de enero de 1991. 2. IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CARLOS CIFUENTES BRICEÑO, contra la referida decisión. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.