Sentencia N° 1969 Constitucional TSJ 2001: Leonardo Guzmán Hernández vs Rafael Eurípides Hernández Blanco

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la acción de amparo interpuesta por el abogado Leonardo Guzmán Hernández en representación de Rafael Eurípides Hernández Blanco, declara NO HA LUGAR a la acción. La decisión impugnada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, que declaró inadmisible el recurso de apelación, fue considerada conforme a derecho. La Sala argumenta que la acción de amparo no puede ser utilizada como una tercera instancia para revisar alegatos ya presentados en el proceso penal.

De la lectura del fallo accionado, así como de los recaudos presentados al tiempo de la interposición de la presente acción, se desprende que los alegatos esgrimidos por el abogado accionante versan sobre la apreciación que tuvo el juzgador para negar la medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, solicitada a favor del ciudadano RAFAEL EURÍPIDEZ HERNÁNDEZ BLANCO, por un Juez de Primera Instancia en función de Control. Argumentó dicho abogado que “Ha sido la intención del legislador venezolano, que las normas relativas a la privación de libertad deben ser interpretadas de manera restrictiva. (...). En todo sistema constitucional moderno existe un sistema de garantías, es decir un conjunto de mecanismos que buscan asegurar que ciertos principios de protección del imputado sean respetados por el conjunto de autoridades vinculadas al sistema penal. Esos principios (...), tienen una finalidad clara (...): se trata de proteger a cada imputado en particular (...) mal puede entonces la CORTE DE APELACIONES (...) establecer condiciones para el inicio o curso de los lapsos procesales, en el proceso seguido a mi (su) defendido”. Esta Sala observa de lo antes expuesto que la valoración del Juez sobre la procedencia o no de una medida menos gravosa para el imputado que sustituya la de privación judicial preventiva de libertad, por vencimiento del lapso de los veinte (20) días otorgados al Fiscal del Ministerio Público para presentar la acusación ante el órgano jurisdiccional competente, cuando el imputado no se encuentra efectivamente detenido, por no haberse presentado una vez requerida su comparecencia, en nada trastoca la esfera de los derechos constitucionales señalados como vulnerados por el accionante, pues, lo que se pretende en el presente caso es utilizar el amparo como una tercera instancia, en donde se revisen tanto los alegatos expuestos por la defensa en las dos instancias del proceso penal, así como el criterio del sentenciador y el mérito del asunto planteado, no siendo procedente la vía de amparo para ello, pues ésta sólo puede hacerse valer, contra pronunciamientos judiciales que afecten de manera inmediata y directa derechos y garantías constitucionales.

En virtud de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º) NO HA LUGAR a la acción de amparo interpuesta por el abogado Leonardo Guzmán Hernández, actuando en su carácter de abogado defensor del ciudadano RAFAEL EURÍPIDES HERNÁNDEZ BLANCO, contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, proveída el 1º de noviembre de 2000, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido contra auto dictado por el Tribunal de Control nº 1 del referido Circuito Judicial Penal, que negó la solicitud de medida cautelar sustitutiva. 2º) Exonera a los querellantes de la sanción prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que no existió temeridad. Publíquese, regístrese, notifíquese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.