Sentencia N° 1966 Constitucional TSJ 2001: Alfonso Ferretti Pellegrini vs Politécnica de Ingeniería C.A. (POLINCA)

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un recurso de apelación interpuesto por Politécnica de Ingeniería C.A. contra una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado con lugar una acción de amparo constitucional. La Sala, tras analizar los argumentos, concluyó que el acto de nulidad de la patente de propiedad dictado por el Registrador de la Propiedad Industrial era violatorio de derechos constitucionales, pero al haber interpuesto el amparo de manera autónoma cuando aún existía la vía del contencioso administrativo, la acción resultó inadmisible. Por lo tanto, se revocó la decisión anterior y se declaró que no había lugar a la acción de amparo.

Para decidir esta Sala observa lo siguiente: El accionante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución nº 548 del 1º de febrero de 1996, dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial nº 389 el 9 de febrero de 1996, la cual declaró la nulidad de la patente de propiedad que le fuera concedida a su empresa PRECIPLOIM FERRETTI, C.A., el 1º de agosto de 1988, recurso que no fue respondido por la autoridad dentro del lapso legal establecido. Ahora bien, tal como lo prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ante la falta de pronunciamiento se tiene que dicho recurso de reconsideración fue resuelto de manera negativa, y de conformidad con el mismo artículo el accionante podía intentar el recurso siguiente, es decir, el recurso jerárquico. En el caso de autos, el accionante consideró equivocadamente que no existía un medio procesal, breve, sumario y eficaz que lo amparara de las presuntas lesiones, por lo cual interpuso ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar a fin de que se suspendieran los efectos del acto recurrido y, en definitiva, se restituyera la situación al estado que en que se encontraban antes de la publicación del acto agraviante. Al respecto la Sala observa que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 5, prevé: “Artículo 5: (…) Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. (…). PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aun después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa” (Resaltado de la Sala). Asimismo, la Constitución de 1961 establecía en su artículo 206 lo siguiente: “Artículo 206. La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los demás Tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. De igual manera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 259, reza: “Artículo 259. La jurisdicción contenciosoadministrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la sociedad mercantil Politécnica de Ingeniería C.A. (POLINCA) contra la decisión dictada el 24 de mayo de 1996 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. SEGUNDO: REVOCA la decisión dictada el 24 de mayo de 1996 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Alfonso Ferretti Pellegrini, actuando en su carácter de Administrador Gerente de la empresa mercantil Reciplom Ferretti C.A., y asistido por el abogado Luis Gerardo Ascanio Esteves, contra la acción agraviante del ciudadano Registrador de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento Rolando J. Vega, por el acto constituido por la Resolución nº 548 del 1º de febrero de 1996, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial nº 389 el 9 de febrero de 1996, la cual declaró la nulidad de la patente de propiedad conferida el 1º de agosto de 1988., y TERCERO: declara, por tanto, que NO HA LUGAR a la referida acción de amparo constitucional. Publíquese, regístrese, remítase copia certificada del presente fallo y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.