Sentencia N° 1950 Constitucional TSJ 2001: Nancy Moreno Ruiz vs Corte Primera de lo Contencioso… — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Nancy Moreno Ruiz contra una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La agraviada alegó violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la no discriminación y al debido proceso, argumentando que la Corte había actuado de manera discriminatoria al decidir de forma distinta en casos análogos. La Sala analizó la competencia para conocer del caso y determinó que la acción de amparo no era procedente, ya que no se evidenció una grave usurpación de funciones ni un abuso de poder por parte del juez que dictó la sentencia impugnada. Se concluyó que la incorrecta aplicación de normas no constituye una infracción constitucional, y que la agraviada no demostró la existencia de discriminación ni la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso. Finalmente, la Sala declaró improcedente la acción de amparo, ordenando su archivo y registro, y publicando la decisión.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción y se observa que, la misma fue interpuesta contra la decisión emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja), esta Sala se declara competente para conocer de la presente causa. Así se declara. Declarado lo anterior, pasa esta Sala a examinar el caso de autos, y al efecto observa: En el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se señala el requisito de procedencia de la acción de amparo contra sentencias judiciales. La jurisprudencia reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado que para que proceda la misma es necesario que: a) el juez que dictó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder, b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional y, finalmente, c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado. La acción de amparo procede cuando se produce de alguna forma un menoscabo del goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, lo cual puede provenir del desconocimiento, de la errónea aplicación, o de la falsa interpretación de la ley, que atenta contra un derecho o garantía constitucional. Sin embargo, hace falta destacar que la incorrecta aplicación de una norma o los errores en su interpretación no constituyen una infracción constitucional, ya que es del ámbito del juzgamiento de los jueces corregir los errores que puedan producir nulidades. En estos casos, se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, o de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses; y no, de la reafirmación de los valores constitucionales, que es lo que busca la acción de amparo.

Por las razones expuestas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara -in limine litis- IMPROCEDENTE, la acción de amparo propuesta por la ciudadana Nancy Moreno Ruiz contra la decisión de la Corte primera de lo Contencioso Administrativo, del 7 de noviembre de 2000. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.