Sentencia N° 1944 Constitucional TSJ 2001: Aníbal Carmelo Lozada Dicurú vs Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Aníbal Carmelo Lozada Dicurú contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 20 de julio de 1999, que declaró sin lugar la querella del accionante contra el Ministerio de Educación. La Sala consideró que la decisión de la Corte Primera no cumplió con el requisito de congruencia y que el querellante actuó en contravención a los principios de rectitud y honradez, lo que justificó la admisión del amparo.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Aníbal Carmelo Lozada Dicurú, en contra de la sentencia dictada el 20 de julio de 1999 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró con lugar la apelación ejercida por el Ministerio de Educación -hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deportes- respecto a la querella interpuesta por el hoy accionante en contra del referido organismo. Observa esta Sala que, de los argumentos de los apoderados judiciales de la accionante se desprende la solicitud de una medida cautelar innominada, a través de la cual el accionante pretende en primer lugar, que se suspendan los efectos de la sentencia del 20 de julio de 1999, emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia “permita darle eficacia a la sentencia de fecha veinticuatro (27) de julio de 1998, emanada del Tribunal de la Carrera Administrativa, para que así cese la violación a los derechos constitucionales” y, en segundo lugar, que se ordene al Ministerio de Educación, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, “aprovisionar a nuestro representado de una suma de dinero mensualmente, equivalente al monto del sueldo que percibiría actualmente por el desempeño de sus funciones como Analista de Personal IV del Ministerio de Educación, cargo que ocupaba antes de ser dictada la Resolución N° 490 de fecha cuatro (4) de Noviembre de 1996, a los efectos de cubrir los gastos básicos que le genera la manutención que le permite la subsistencia.” Al respecto, se observa que en reiteradas oportunidades se ha señalado que a pesar de la brevedad y la celeridad que caracteriza a los procedimientos de amparo, en algunas situaciones se hace necesario que el Juez suspenda a través de una medida precautelativa, el peligro que se cierne sobre la situación jurídica invocada como infringida, con el fin de evitar la continuación de la violación mientras se emite el pronunciamiento correspondiente al amparo.

1. ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ANIBAL CARMELO LOZADA DICURU, contra la sentencia dictada el 20 de julio de 1999 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 2. Declara PROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada y, en consecuencia, se acuerda la suspensión de los efectos de la sentencia del 20 de julio de 1999 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. 3. ORDENA la notificación del Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para que comparezca por ante la Secretaría de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la Audiencia Oral y Pública, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la oportunidad en que conste en el expediente la última de las notificaciones que se realice. Igualmente se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación ordenada. La ausencia en el acto del referido Tribunal, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas. 4. ORDENA a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, notificar del contenido de la presente acción al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, notificación que una vez realizada, debe hacerla del conocimiento inmediato de esta Sala. 5. ORDENA la notificación al Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese y notifíquese.