Sentencia N° 194 Constitucional TSJ 2000: Acacio Herrera Patiño vs Instituto Autónomo Policía Municipal de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 44 del Reglamento de Personal del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao. La Sala determinó que no tiene competencia para conocer de la acción planteada, ya que el reglamento impugnado es un acto de rango sublegal, lo que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Se inaplicó el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, al contradecir el artículo 259 de la Constitución.

La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objeto de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, de conformidad con el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. Asimismo, en el artículo 336 eiusdem se establecen de forma particularizada las competencias de esta Sala. Igualmente, en el artículo 214 eiusdem se le otorga la competencia para realizar el control previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. Y por último, la determinación de la constitucionalidad del carácter orgánico otorgado por la Asamblea Nacional a las leyes así calificadas, de forma previa a su promulgación (artículo 203 eiusdem). En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que: “el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. Así las cosas, la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros actos o con las actuaciones de determinados funcionarios u órganos del Poder Público” (Sentencia de fecha 27 de enero de 2000, caso: Milagros Gómez y otros).

1. Que no tiene competencia para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida conjuntamente con amparo constitucional contra la disposición normativa prevista en el artículo 44 del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Personal del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao, de fecha 17 de febrero de 1997, publicado en la Orden del Día en fecha 19 de febrero de 1997 y recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad así como medida cautelar innominada, contra los siguientes actos administrativos de efectos particulares: a) el dictado en fecha 28 de abril de 1997 mediante el cual destituyen al ciudadano Acacio Herrera Patiño, del cargo de Detective I que desempeñaba en el Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao; b) el expedido en fecha 15 de enero de 1998, a través del cual se declara sin lugar el recurso de reconsideración y c) el acto administrativo presunto, derivado del recurso jerárquico interpuesto en fecha 24 de abril de 1998, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Constitución derogada; artículo 3º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; artículos 132, 112 y 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, por los abogados Carlos Miguel Escarrá Malavé, Fernando José Escarrá Malavé, Oscar Emilio Chinea Leon, Alicia Monagas Borges, Carlos Enrique Mouriño Vaquero, Gustavo Martínez Morales y Geraldine López Blanco, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Acacio Herrera Patiño. 2. Se inaplica, en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable el artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativo distintos a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a Derecho. 3. En consecuencia de lo anterior, un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital es el juzgado competente para conocer el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con amparo constitucional contra el contenido normativo del artículo 44 del Reglamento de Personal y Régimen Disciplinario del Personal del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao, de fecha 17 de febrero de 1997 y recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad así como medida cautelar innominada, contra los actos administrativos de efectos particulares señalados con anterioridad. 4. Se ordena remitir el expediente al tribunal distribuidor competente.