Sentencia N° 1932 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de agosto de 2002

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación de una acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Antonio Pérez González en defensa de Luis Ramón Figueroa. La apelación fue presentada contra una decisión del Juzgado Quinto de Control que había decretado la privación judicial preventiva de libertad de Figueroa por el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas había declarado sin lugar la acción de amparo, lo que motivó la apelación ante la Sala Constitucional. La Sala Constitucional determinó que la acción de amparo era inadmisible, ya que el defensor del accionante no había ejercido el recurso de apelación correspondiente contra el auto del Juzgado de Control, optando por la vía del amparo en lugar de las vías judiciales ordinarias. En consecuencia, se revocó la decisión de la Corte de Apelaciones y se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta. Finalmente, la Sala declaró sin lugar la apelación y revocó la decisión de la Corte de Apelaciones, reafirmando la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional presentada por el abogado Antonio Pérez González.

Observa esta Sala que la presente acción de amparo se interpuso contra el auto dictado el 3 de octubre de 2001, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante el cual ordenó la acumulación de las causas seguidas a los ciudadanos Darlin Doney Peñaranda Adriana Rodríguez Estupiñan y Luis Ramón Figueroa; decretó la privación judicial preventiva de la libertad del hoy accionante y señaló que a partir de dicho auto comenzaba a correr el lapso para que el Fiscal del Ministerio Público interpusiera su acusación. Alegó el accionante que el mencionado auto vulneró su derecho a la libertad, toda vez que “...acordó una detención ilegal por veinte días (20) mas sin fundamento jurídico del ciudadano LUIS FIGUEROA, TENIENDO EL CIUDADANO ANTES SEÑALADO MAS DE TREINTA DIAS PRIVADO DE SU LIBERTAD SIN QUE LA REPRESENTACIÓN FISCAL HAYA PRESENTADO ACUSACIÓN EN SU CONTRA”. Ahora bien, observa esta Sala que el ordinal 4º del artículo 439 del -para entonces vigente- Código Orgánico Procesal Penal establece: “Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones: 4º. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva”. Al respecto debe esta Sala indicar que el defensor del accionante disponía del recurso de apelación contra el auto dictado el 3 de octubre de 2001, por el mencionado Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control, de conformidad con lo previsto en el artículo transcrito ut supra, toda vez que se trataba de un auto, que decretó una medida privativa de libertad, cuya revisión está sometida a la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal del Tribunal que dictó tal medida.

1º SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado Antonio Pérez González, actuando con el carácter de defensor del ciudadano LUIS RAMÓN FIGUEROA contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. 2º REVOCA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional, del 7 de noviembre de 2001. 3º INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Pérez González, actuando con el carácter de defensor del ciudadano LUIS RAMÓN FIGUEROA contra el auto del 3 de octubre de 2001, dictado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas.