Sentencia N° 1932 Constitucional TSJ 2001 — Créditos indexados y su legalidad

La Sala Constitucional se pronuncia sobre la existencia y condiciones de los créditos indexados, aceptando su realidad y modalidades. Se establece que ciertos hechos relacionados con la usura y la legalidad de estos créditos son controvertidos y deben ser probados. La Sala también niega la intervención forzada de la Asamblea Nacional en el proceso, argumentando que no hay interés en la causa por parte de dicha institución.

La controversia se limita a los hechos negados. La Defensoría del Pueblo, quien actúa como tercero en la causa, adujo que los créditos indexados se formalizaron mediante un contrato de adhesión, y que se trataba de prestaciones de extrema dificultad para que el deudor las cumpla, debido a la excesiva onerosidad de la prestación por circunstancias imprevisibles, y sobre las cuales no se prestó la información adecuada que permitiera a los deudores conocer respecto al modo, forma y condiciones de las mismas y sobre los riesgos que correrían en un sistema de economía inflacionaria. Por lo que uno de los hechos a probarse es el de la falta de información adecuada, así como al de la onerosidad de la prestación. Igualmente, la Defensoría del Pueblo imputó a SUDEBAN y a INDECU el incumplimiento, en general, de sus deberes para con los deudores de dichos créditos, por ser impagables dichos créditos. Se fijan así los hechos sobre los que versarán las pruebas de las partes.

La causa se abre a promoción de pruebas, y el día siguiente de despacho, con respecto a este fallo, es hábil para ello. Las partes tienen cinco (5) días de despacho para proponer pruebas diversas a las ya promovidas, y los terceros coadyuvantes tienen igual lapso para proponer las suyas, las cuales carecen de las limitaciones que con motivo de la oportunidad para ello, impuso el Código de Procedimiento Civil a las partes originales.