Sentencia N° 1927 Constitucional TSJ 2001: Leticia Maldonado Pérez-Pérez de Angarita vs Compañía Anónima de Administración y…

TSJ/SC, Sent. N° 1927, Exp. 00-3235, 09/10/2001 · 9 de octubre de 2001
Expediente00-3235
Parte actora / solicitanteLETICIA MALDONADO PÉREZ-PÉREZ DE ANGARITA
Parte demandada / contraparteCompañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)
PonentePEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-10-09
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el amparo constitucional interpuesto por Leticia Maldonado Pérez-Pérez de Angarita contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo, que ordenó la reposición de un juicio laboral al estado de notificación del Procurador General de la República. La Sala consideró que el tribunal superior actuó fuera de su competencia al ordenar dicha reposición, lo que violó el derecho al debido proceso de la demandante. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia impugnada y se ordenó la continuación del juicio laboral desde el estado en que se encontraba antes de la incidencia sobre la notificación.

Extracto de la motiva

Para decidir la presente demanda de amparo, la Sala observa que el caso tiene su origen en la petición del apoderado de la compañía anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), parte demandada en un juicio laboral incoado por la aquí quejosa, de que se notificara al Procurador General de la República, al estimar el peticionante, que los intereses patrimoniales de la República estaban comprometidos. Esta petición fue desestimada por el tribunal de la causa laboral y, apelada esa decisión, fue objeto de análisis por el tribunal superior, el cual la declaró procedente y, en consecuencia, ordenó la reposición de la causa al estado de que se practicara la notificación del Procurador General de la República, en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, decisión impugnada a través del amparo de autos. Respecto de la sentencia impugnada, la parte actora denunció la violación del derecho constitucional al debido proceso, por cuanto el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas habría interpretado de forma errónea el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: “actuando el Tribunal Superior fuera de los límites de su competencia, menoscabando el Derecho a la Defensa y la garantía del Debido Proceso de (su) representada” (Resaltado del escrito). En cuanto a la alegada violación, la Sala observa que el Tribunal que dictó la sentencia impugnada actuó fuera de su competencia, en el concepto jurisprudencialmente establecido, cuando ordenó la reposición del juicio laboral seguido por la aquí demandante contra la compañía anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), al estado de notificar al Procurador General de la República, con base en lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Dispositiva

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CON LUGAR la demanda de amparo constitucional ejercida por la ciudadana LETICIA MALDONADO PÉREZ-PÉREZ DE ANGARITA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 26 de junio de 2000. En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia impugnada y se ordena la continuación del juicio laboral desde el estado en que se encontraba para el momento de suscitarse la incidencia sobre la notificación del Procurador General de la República, el cual debe ser notificado sin perjuicio de su derecho a pedir la reposición de la causa previsto en el artículo 38 in fine de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Palabras clave

amparo constitucionaldebido procesonotificaciónreposiciónintereses patrimonialesLey Orgánica de la ProcuraduríaCADAFEderechos constitucionales

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