Sentencia N° 1924 Constitucional TSJ 2001: Rigoberto Porras — La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por los abogados de Rigoberto Porras. La inadmisibilidad se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, específicamente en la falta de señalamiento del domicilio procesal de los accionantes y la no corrección de los defectos en el escrito de amparo dentro del plazo establecido. La Sala Constitucional establece su competencia para conocer de la consulta y aclara que la acción de amparo debe entenderse como una acción contra decisión judicial, no como un mandamiento de hábeas corpus, dado que la detención de Porras proviene de un pronunciamiento judicial que puede ser impugnado. Se resalta que los accionantes no cumplieron con la orden de corrección del escrito, lo que llevó a la confirmación de la decisión de inadmisibilidad. Finalmente, se ordena la publicación y registro de la sentencia, así como la remisión del expediente al tribunal de origen.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa: En sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), esta Sala estableció que le correspondía conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidiesen acciones de amparo en primera instancia. En el presente caso, se encuentra sometida a la consulta de ley una decisión dictada por la referida Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones, la cual conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional, ejercida por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte de un Tribunal inferior jerárquico. Por tales motivos, esta Sala Constitucional, congruente con los criterios establecidos en el fallo antes mencionado, se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se decide. Determinado lo anterior, esta Sala Constitucional considera pertinente hacer las siguientes precisiones: Los accionantes interpusieron la acción de amparo constitucional, denominándola “mandamiento de hábeas corpus”, por cuanto el ciudadano RIGOBERTO PORRAS había sido capturado, en virtud de que existía en su contra un auto de detención dictado, el 11 de junio de 1998, por el extinto Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En este sentido, observa la Sala que la referida acción de amparo constitucional, en razón de lo antes descrito, debe entenderse como una acción de amparo contra decisión judicial, a la que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y no a un mandamiento de hábeas corpus, como tal, pues, de acuerdo con el criterio de esta Sala contenido en la sentencia N° 113, del 17 de marzo del 2000, la misma estableció lo siguiente: “Ahora bien, entiende la Sala, haciendo una interpretación armónica y coherente que garantice una adecuada aplicación de ambos institutos [entiéndase amparo contra sentencia y mandamiento de hábeas corpus], que el recurso de hábeas corpus, por principio, resulta procedente cuando se trata de proteger al ciudadano frente a arbitrarias detenciones administrativas, más sin embargo el mismo también es ejercible en aquellos casos en los cuales exista de por medio una detención de carácter judicial, pero, únicamente cuando dichas decisiones no cuenten con un medio ordinario de impugnación o éste no sea acorde con la protección constitucional que se pretende.” (Subrayado de la Sala). Por tanto, al provenir la detención del ciudadano RIGOBERTO PORRAS, de un pronunciamiento judicial, que tenía apelación según lo previsto en el artículo 190 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y que puede ser impugnado, según lo previsto en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala precisa que se trata de un amparo contra resolución o sentencia y no un mandamiento de hábeas corpus, como lo refieren los solicitantes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 18 de junio de 2001, por la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por las abogados ALEX ALBERTO NAVARRO MEJIAS y JOSÉ OSCAR ARDILA RODRÍGUEZ. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.