Sentencia N° 1902 Constitucional TSJ 2001: Alfonso Albornoz Niño y Gloria de Vicentini vs Ejecutivo Nacional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de un recurso de nulidad interpuesto por los abogados Alfonso Albornoz Niño y Gloria de Vicentini contra dos decretos presidenciales. La Sala determinó que no tenía competencia para conocer del recurso, ya que los actos impugnados eran de carácter administrativo y debían ser revisados por la Sala Político Administrativa. Se ordenó remitir el expediente a dicha Sala para su conocimiento.

Corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse acerca de la procedencia de la acción de nulidad interpuesta, para lo cual resulta imperativo emitir un pronunciamiento previo, relativo a su competencia para conocer del recurso de nulidad planteado. A tal efecto, se advierte que, el presente recurso de nulidad tiene por objeto sendos decretos presidenciales, el primero de ellos, número 2.017 del 2 de septiembre de 1997, el segundo, número 2.032, del 11 septiembre de 1997. En ese sentido, resulta necesario analizar la naturaleza jurídica de dichos decretos a los fines de determinar la competencia de esta Sala para conocer del presente recurso. Se observa entonces que, los actos impugnados fueron dictados por el Presidente de la República en virtud de la atribución prevista en el artículo 190 ordinal 12 de la Constitución de 1961, actualmente artículo 236 numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuando como administrador de la Hacienda Pública Nacional. Sin embargo, se debe señalar que dicho dispositivo constitucional contiene una atribución de carácter genérico del Ejecutivo Nacional para ejercer la administración de la Hacienda Pública, por lo que la materialización de la potestad para dictar los actos impugnados, deviene de la normativa contenida en la Ley que Autoriza al Ejecutivo Nacional para la Contratación y Ejecución de Operaciones de Crédito Público durante el Ejercicio Fiscal 1.997, oída la opinión favorable de los órganos a que se refiere la norma contenida en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Crédito Público, de allí que, al ser dictados dichos actos en ejecución directa de una facultad netamente administrativa, ejecutada por el máximo jerarca de la Administración, los mismos deben reputarse como actos administrativos y así se declara.

1. Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad por los ciudadanos Alfonso Albornoz Niño y Gloria de Vicentini contra los Decretos distinguidos con los números Nº. 2.017 del 2 de septiembre de 1997 y 2.032 del 11 de septiembre de 1997, dictados por el Ejecutivo Nacional y publicados en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela bajos los Nos. 36.283 de 3 de septiembre de 1997 y 36.290 de 12 de septiembre de 1997, respectivamente. 2. Que el TRIBUNAL COMPETENTE para conocer de la acción de nulidad interpuesta, es la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, se ordena remitir el presente expediente a dicha Sala.