Sentencia N° 1891 Constitucional TSJ 2001: Oswaldo Cancino Mendoza y Rosauro Antonio… vs Dilia Parra Guillén

La Sala Constitucional del TSJ confirma la decisión de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Oswaldo Cancino Mendoza y Rosauro León. La Corte de Apelaciones argumentó que los accionantes carecían de legitimidad para considerarse víctimas en un proceso penal relacionado con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. La Sala Constitucional sostiene que solo el Estado puede ser considerado víctima en estos casos, y que los ciudadanos no tienen derecho a acceder a las actas procesales ni a solicitar la audiencia oral en el proceso penal.

Visto lo anterior, esta Sala pasa a decidir la consulta, y a tal efecto observa: Constata este máximo Tribunal que en el fallo consultado, la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, fundamentándose en la falta de legitimación de los accionantes para calificarse de víctimas en un juicio penal seguido por la presunta comisión de delitos que afectan el patrimonio público. En tal sentido, alegaron los accionantes que por el hecho de ser denunciantes en el juicio penal –aunque no se hayan querellado- y por ser ciudadanos, deben ser considerados como víctimas en la investigación sobre delitos tipificados en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, ya que tales delitos afectan bienes de la colectividad. Sostuvieron además, que al ser víctimas, tenían derecho a tener acceso a las actas procesales y a solicitar la audiencia oral prevista en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, dado el sobreseimiento de la causa solicitado por el Ministerio Público. Acerca del derecho de la víctima a participar y ser oído en el proceso penal, esta Sala ha sentado doctrina mediante sentencia del 9 de marzo de 2000 (Caso Antonio José Varela), al interpretar el derecho al debido proceso y a la igualdad de las partes, consagrados en los artículos 20 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenadamente con los artículos 1, 12 y 117 del Código Orgánico Procesal Penal, reconociendo, incluso, derechos a la víctima que no se ha querellado, por lo que a esta Sala no le cabe duda sobre los derechos previstos a favor de la víctima en el proceso.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA, con la modificación expuesta, la sentencia del 15 de noviembre de 2000, dictada por la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos OSWALDO CANCINO MENDOZA y ROSAURO ANTONIO LEÓN, contra la decisión del 26 de octubre de 2000, dictada por el Juzgado Décimo de Control del mismo Circuito Judicial Penal.