Sentencia N° 1889 Constitucional TSJ 2001: Emiliana Ramírez vs Roberto Guedez — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conoció de una acción de amparo constitucional interpuesta por Emiliana Ramírez contra Roberto Guedez y el Juez Provisorio del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Barinas. La acción fue declarada sin lugar por el Juzgado Superior, quien consideró que la falta de citación de la accionante no vulneró su derecho a la defensa ni al debido proceso, ya que pudo ejercer su defensa en el proceso interdictal. La Sala Constitucional confirmó la decisión del Juzgado Superior, argumentando que la acción de amparo no era procedente.

Luego de hacer un análisis exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: La figura del amparo contra sentencia se encuentra prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional”. En este sentido, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala, según la cual el término “actuando fuera de su competencia” no debe entenderse en el sentido procesal estricto, por cuanto no se refiere sólo a la incompetencia por la materia, valor o territorio, sino que también corresponde a los conceptos de abuso de poder o extralimitación de atribuciones. En este orden de ideas, alegó la accionante que la medida de secuestro otorgada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, le lesionó sus derechos relativos a la defensa, al debido proceso, a la propiedad y a la posesión, contemplados “en el artículo 49, ordinales 2, 3, y 8 (sic) de la Constitución Bolivariana de Venezuela” y en el artículo 115 eiusdem, por cuanto la misma fue decretada sobre un bien inmueble de su propiedad, sin que ella formara parte del juicio principal, pues no había sido citada en el procedimiento interdictal. Al respecto, el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente: “Practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según sea el caso, el juez ordenará la citación del querellado, y practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por diez días. Concluído dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres días siguientes, los alegatos que consideren convenientes, y el juez dentro de los ocho días siguientes dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El juez será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la sentencia prevista en este artículo”. En este sentido, ha sido reiterada la jurisprudencia según la cual, para los procedimientos interdictales es necesario que en la ejecución del decreto –en el presente caso de la medida de secuestro- hubiere estado presente el querellado, quedando así notificado del procedimiento iniciado en su contra. Al estar presente la querellada (hoy accionante), al momento de practicarse la medida de secuestro, hecho éste que admite la misma (vid. pp. 1 del escrito de amparo), no se le vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, pues en esa oportunidad tuvo conocimiento del interdicto y la medida dictada en su contra, pudiendo promover todas aquellas pruebas que estimare convenientes, en la incidencia prevista en el artículo 701 antes citado, tales como las que presentó al incoar la acción de amparo constitucional y que no planteó en el curso del proceso. Siendo ello así, esta Sala estima que el juez accionado actuó dentro del ejercicio de sus competencias al dictar la decisión impugnada, por lo que esta Sala considera que la acción de amparo constitucional interpuesta debió ser declarada improcedente in limine litis, y así se declara.

CONFIRMA en los términos aquí expuestos, la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas el 8 de diciembre de 2000.