Sentencia N° 1876 Constitucional TSJ 2001: Banco Latino C.A. — Amparo constitucional del Banco Latino C.A.

El Banco Latino C.A. interpuso un amparo constitucional contra varias decisiones judiciales que consideraba lesivas a sus derechos. El Juzgado Superior Octavo declaró inadmisible la demanda de amparo, lo que llevó a la apelación ante la Sala Constitucional del TSJ. La Sala, tras analizar las denuncias de violaciones a derechos constitucionales, decidió declarar con lugar las apelaciones y revocar la sentencia apelada, ordenando mantener la suspensión provisional y el embargo decretado.

La Sala observa que el tribunal de la causa declaró inadmisible la demanda de amparo, sobre la base de que el demandante tuvo a su disposición recursos ordinarios para restablecer la situación jurídica infringida que no utilizó. En primer lugar, respecto de la solicitud formulada por los abogados Omaira Ocaña Azcarate y Gustavo Alvarez Ariasa de que el expediente n° 00-2499 de la nomenclatura llevada por esta Sala se acumule a la presente causa, la Sala niega tal pedimento, con base en el artículo 81, ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil, en razón de que el expediente nº 00-2499 es conocido por la Sala en primera instancia y, en cambio, el caso de autos se trata de un recurso de apelación. Así se decide. Respecto a la presente demanda, la Sala constata que la parte actora ha intentado por todos los medios procesales atacar la sentencia dictada el 10 de julio de 2000, por el Juzgado Retasador Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, mediante la cual se retasaron los honorarios estimados por los abogados Omaira Ocaña Azcarate y Gustavo Alvarez Arias, en la cantidad de doscientos ochenta y dos millones doscientos mil bolívares (Bs. 282.200.000,00). Asimismo, el demandante ha intentado frustrar por todas las vías procesales las demás sentencias interlocutorias pronunciadas en ejecución de la citada decisión. Ahora bien, de la solicitud de amparo se deduce claramente que, en criterio del demandante, persiste una situación que vulnera de forma directa sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, “al respeto del principio de legalidad” y “al respeto del principio de seguridad jurídica”, establecidos en las disposiciones contempladas en los artículos 49, 26, 137 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también se estaría infringiendo “(...) el principio general del derecho -de rango constitucional- de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad de los actos estatales.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR las apelaciones intentadas por los abogados Janan Ekerman Gampel y Carlos Manuel Terán Valero, actuando como apoderados judiciales del Banco Latino, C.A. e Iván Antonio Rodríguez Manrique, actuando como apoderado judicial del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, el 21 de agosto de 2000. En consecuencia, se REVOCA la sentencia apelada y se ORDENA mantener la suspensión provisional acordada por el citado Juzgado, el 11 de agosto de 2000 y el embargo decretado. Finalmente se ORDENA la remisión del expediente para que el citado Tribunal admita la solicitud de amparo y prosiga el procedimiento correspondiente Y cumpla con lo ordenado.