Sentencia N° 1864 Constitucional TSJ 2001: Karina Vielma de Prieto vs Hilario Manuel Prieto — Confirmación de inadmisibilidad de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Karina Vielma de Prieto. La Sala argumenta que la acción de amparo no procede si existen medios idóneos para restablecer la situación jurídica, lo cual no se cumplió en este caso. La decisión del Juzgado fue fundamentada en la falta de agotamiento de las vías procesales ordinarias por parte de la accionante.

La sentencia dictada en sede constitucional por el juez titular del Juzgado, declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, conforme a los siguientes argumentos: “...que el presupuesto procesal para que proceda la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, en principio, está sometido a que no existan medios idóneos para restablecer la situación jurídica denunciada o que existiendo se hubieren agotado, toda vez que lo contrario permitiría el ejercicio indiscriminado del amparo y la sustitución del ordenamiento procesal establecido en nuestro derecho positivo, con menoscabo de la seguridad jurídica. Al ser así, se hace inadmisible la acción constitucional intentada, pues, no ha habido violación del derecho a la defensa y al debido proceso, ni violación a la protección familiar y su patrimonio, ni se ha menoscabado el derecho a la igualdad ante la Ley ni la garantía de justicia transparente, toda vez que el quejoso tiene en la legislación procesal un mecanismo idóneo, que no aparece ejercitado, para enervar la resolución judicial dictada. Así se declara...”. Ahora bien, esta Sala reitera el criterio sustentado por ella en su sentencia nº 2795/2001 del 5 de junio, en la cual, al pronunciarse sobre las condiciones de admisibilidad de la pretensión de amparo constitucional, de acuerdo con las causales previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dictaminó lo siguiente: “En consecuencia, es criterio de esta Sala, formado al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia sea la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo de la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias los impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales; por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.”

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la decisión dictada el 1º de junio de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Estabilidad Laboral del Estado Aragua con sede en Maracay, remitida en apelación ante este Máximo Tribunal, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana KARINA VIELMA DE PRIETO, asistida por el abogado Rafael Medina Villalonga, contra el auto del 15 de mayo de 2000 dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial. Queda en los términos expuestos sin lugar la apelación interpuesta. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.