Sentencia N° 1861 Constitucional TSJ 2001: José Vicente Rivero Camejo vs Luis Enrique Carrillo Salazar — La inadmisibilidad de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de una acción de amparo interpuesta por José Vicente Rivero Camejo y otros, quienes alegaban violaciones a sus derechos constitucionales en un juicio reivindicatorio. La Sala determinó que el Juzgado Superior había declarado inadmisible la acción por considerar que los accionantes no tenían título de abogados, lo cual no es un requisito para interponer la acción de amparo. Por lo tanto, se anuló la decisión del Juzgado Superior y se ordenó que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda.

De las actas de este expediente se puede constatar que la acción de amparo constitucional interpuesta por los presuntos agraviados fue declarada inadmisible por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ya que, en criterio del referido Juzgado Superior, los accionantes no ostentan el título de abogados, y en razón de ello “no podían ejercer poderes en juicio, ni siquiera asistidos de abogados”. Ahora bien, de las actas que conforman este expediente se desprende que la presente acción de amparo fue interpuesta por los ciudadanos José Vicente Rivero Camejo, y José Simón Rivero Reque, quienes son mandatarios de los ciudadanos Urbano Evangelista Rivero Camejo, Tomasa Elena Rivero de Nieves, Petra Ercilia Rimero de Valero, Eusebio Ascanio Rivero Camejo, María Graciela Rivero de Díaz, Carmen Hilaria Rivero de Quintana, Julio Ramón Rivero Camejo y Julio Germán Rivero Camejo, y del ciudadano Francisco de Paula Rivero, respectivamente, y que dicha acción la intentaron asistidos por la abogada en ejercicio Augusta P. Raniolo. Ahora bien, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece: “La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el Juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público, y de los Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso. Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro asunto” (Subrayado de la Sala). Del lo anteriormente transcrito, se evidencia que para interponer la acción de amparo constitucional, no se exige capacidad para ejercer poderes en juicio, es decir, que no es requisito indispensable ostentar el título de abogado, no se exige el ius postulandi, el cual se encuentra referido a la capacidad formal que tienen los abogados para ejercer poderes en juicio según la competencia técnica que la ley exige.

Por las consideraciones que anteceden y las conclusiones que de ellas han sido deducidas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 1) ANULA la decisión dictada por el 25 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la acción de amparo constitucional interpuesta por José Vicente Rivero Camejo, actuando en nombre y representación de los ciudadanos Urbano Evangelista Rivero Camejo, Tomasa Elena Rivero de Nieves, Petra Ercilia Rimero de Valero, Eusebio Ascanio Rivero Camejo, María Graciela Rivero de Díaz, Carmen Hilaria Rivero de Quintana, Julio Ramón Rivero Camejo y Julio Germán Rivero Camejo, y el ciudadano José Simón Rivero Reque, actuando en nombre y representación del ciudadano Francisco de Paula Rivero, contra la sentencia dictada el 9 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio reivindicatorio interpuesto por los accionantes contra el ciudadano Luis Enrique Carrillo Salazar, en la cual declaró la nulidad del auto dictado por ese mismo juzgado el 8 de febrero de 2000, que ordenó que la contestación de la demanda se verificaría dentro de los 5 días siguientes a partir de que constara en autos la ultima notificación de las partes, en virtud de haber subsanado voluntariamente la actora una cuestión previa opuesta por la parte demandada en dicho juicio; 2) Se REPONE la causa al estado de que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda sin incurrir en el error que motivó la revocatoria de la decisión objeto de la impugnación.