Sentencia N° 1855 Constitucional TSJ 2001: JUAQUÍN MONTILLA ROSARIO y CUSTODIA MOLINA DE… — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 5 de octubre de 2001, declaró sin lugar la apelación interpuesta por JUAQUÍN MONTILLA ROSARIO y CUSTODIA MOLINA DE MONTILLA contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, que había declarado sin lugar la acción de amparo. Los apelantes argumentaron que la falta de pronunciamiento del tribunal de instancia violaba su derecho al debido proceso y a la defensa, al no permitir la evacuación de pruebas fundamentales en el juicio breve que se seguía en su contra. La Sala, al examinar el caso, determinó que el tribunal de instancia actuó dentro de su competencia y que la omisión denunciada no constituía una violación a los derechos de los apelantes, ya que el lapso probatorio había vencido. Se reafirmó que los autos de mero trámite no son susceptibles de amparo, y que la acción de amparo no puede ser utilizada para cuestionar decisiones que no causan gravamen. Finalmente, la Sala confirmó la decisión del tribunal inferior, sosteniendo que la apelación no tenía fundamento y que los derechos procesales de los apelantes no habían sido vulnerados.

La acción de amparo constitucional, conforme al artículo 27 de la vigente Constitución, y a los artículos 1 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene por fin impedir que una situación jurídica sea lesionada en forma irreparable, por la violación de derechos o garantías constitucionales de aquél que se encuentre en dicha situación, impidiendo que el daño a ella se cause (amenaza de infracción) o que no continúe, caso en que el amparo persigue se restablezca la misma situación existente antes de la lesión, o una semejante a ella, si no pudiera lograrse un restablecimiento idéntico. Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello. Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por los ciudadanos JUAQUÍN MONTILLA ROSARIO y CUSTODIA MOLINA DE MONTILLA, antes identificados, contra la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2000 dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores, de Estabilidad Laboral y de Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; sentencia que se CONFIRMA.