Sentencia N° 1846 Constitucional TSJ 2001: MANUEL PIÑEIRO, RAQUEL PACHECO y JASSMÍN… vs Rosalía Dávalos Briceño, María Nieves…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Manuel Piñeiro, Raquel Pacheco y Jassmín Mijares contra los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos del Estado Miranda. La decisión se basa en que los accionantes fueron destituidos el 11 de agosto de 1999 y no ejercieron los recursos judiciales correspondientes, lo que llevó a la caducidad de la acción de amparo presentada el 2 de agosto de 2000. La Sala concluye que la situación jurídica alegada como infringida es irreparable, dado que el período para el cual fueron electos los accionantes ya había concluido.

La decisión objeto de la presente consulta, fue dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 21 de septiembre de 2000, la cual declaró improcedente la acción de amparo ejercida. En este sentido, estableció dicho fallo que si bien consta en autos que los accionantes fueron electos miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos del Estado Miranda, los mismos, fueron destituidos el 11 de agosto de 1999, mediante asamblea extraordinaria celebrada por la referida Institución, en la cual se designó una nueva Junta Directiva provisional. Que los accionantes, no ejercieron los recursos o acciones judiciales a que hubiere lugar, “en el caso de considerar que la decisión de la referida Asamblea Extraordinaria violó sus derechos constitucionales, por lo que dicha decisión quedó firme”. Que, los presuntos agraviantes “tan sólo están ejerciendo los cargos” para los cuales fueron electos, por lo que “no puede constituirse como el presunto agraviante de los derechos denunciados... ya que de ninguna manera, éstos obstaculizan, perturban o usurpan las actividades” de los accionantes, “por cuanto aquéllos -accionantes- ya no ostentaban los referidos cargos”. En razón de lo anterior, estableció la decisión consultada que “el acto presuntamente violatorio de los derechos constitucionales de los querellantes se perfeccionó el 11 de agosto de 1999, con la destitución de los mismos”. Asimismo, declaró el fallo in commento, que la inspección judicial practicada por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda que dejó constancia de la perturbación alegada por los accionantes, “no prueba el hecho de una perturbación –actual- del ejercicio de los cargos desempeñados por los presuntos agraviados, ni mucho evidencia una lesión continua de sus derechos constitucionales. Por el contrario, se constató que los mismos no están en el ejercicio de sus cargos”. Finalmente, la decisión consultada tomando en cuenta lo previsto en el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales declaró improcedente el amparo ejercido, ya que “la presunta violación de los derechos constitucionales de los querellantes se verificó mediante el acto de fecha 11 de agosto de 1999” (que los destituyó) y la acción de amparo fue ejercida el 2 de agosto de 2000, por lo cual señaló que había “transcurrido sólidamente el plazo de caducidad de seis (6) meses de haberse producido el acto generador de las presuntas lesiones”, y que no obstante que los accionantes denunciaron la violación de los derechos constitucionales al ejercicio de los cargos públicos y al derecho al debido proceso, “no se configuraban los supuestos que la doctrina considera como hechos lesivos de la conciencia jurídica, pues no revisten la entidad necesaria para erigirse en la excepción al consentimiento expreso”.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos MANUEL PIÑEIRO, RAQUEL PACHECO y JASSMÍN MIJARES, contra los ciudadanos Rosalía Dávalos Briceño, María Nieves Guiñán, Feliz Muñoz, Pedro Valente y Rolando Pérez Tosca, en su condición de miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos del Estado Miranda, y en consecuencia CONFIRMA en los términos aquí expuestos, la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 21 de septiembre de 2000, objeto de la presente consulta.