Sentencia N° 1840 Constitucional TSJ 2001: Seguros Progreso S.A. vs Danilo García Escalona — Notificación en juicio laboral

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional presentada por los apoderados de Seguros Progreso S.A. contra una decisión del Juzgado Superior Segundo Laboral que declaró con lugar una apelación. Se argumentó que la falta de notificación del Procurador General de la República vulneró derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el debido proceso. La Sala, al analizar la competencia y admisibilidad de la acción, decidió suspender la ejecución del fallo impugnado.

Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia del 20 de enero de 2000, Caso Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, en los siguientes términos: '…Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales'. En el presente caso, se ejerce la acción de amparo constitucional contra una decisión emanada del Juzgado Superior Segundo Laboral de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción, y así se decide.

Se ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Nelson Enrique Pérez Pulido, Aquiles F. Cortina Belini, Luis Ramón Obregón Martínez, Salvatore Calderone Lara y Lisbeth Cristina Montilla Ortega, actuando en su carácter de apoderados judiciales de SEGUROS PROGRESO S.A., (en proceso de liquidación) y la abogada Rita Hernández Tineo, actuando en su carácter de sustituta del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA., contra la decisión dictada el 19 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Segundo Laboral de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Se ORDENA la notificación del Juez del Juzgado Superior Segundo Laboral de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, para que concurra a la audiencia constitucional el día y hora que fije la Secretaría de esta Sala, verificada como sea su notificación en el presente expediente, advirtiéndosele que su no comparecencia no se entenderá como aceptación de los hechos. Igualmente, se ORDENA la notificación del demandante –Danilo García Escalona- en el juicio principal por intermedio del Juzgado Superior Segundo Laboral de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con la advertencia que de no realizarlo a la brevedad posible se reputara como un desacato a una orden de este Máximo Tribunal. Notifíquese de la presente acción al ciudadano Fiscal General de la República. ACUERDA la medida cautelar innominada solicitada por la accionante. En consecuencia se suspenden los efectos de la ejecución de la decisión dictada el 19 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Segundo Laboral de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.