Sentencia N° 1835 — Sala Constitucional del TSJ, 9 de julio de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) contra las actuaciones del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de Carabobo. Se alegó la vulneración de derechos a la defensa y al debido proceso, así como la falta de pronunciamiento sobre la nulidad de actuaciones en un proceso de ejecución de sentencia por cobro de prestaciones sociales. La Sala declaró parcialmente con lugar la acción de amparo, reconociendo la omisión de notificación a la Procuraduría General de la República y la violación de derechos procesales de la accionante.

La presente acción de amparo tiene su origen en un procedimiento de ejecución de sentencia con motivo de un juicio por cobro de prestaciones sociales incoado contra la hoy accionante. Al respecto, la representación de la parte actora denunció violaciones a los derechos a la defensa y al debido proceso de su representada, toda vez que formuló una solicitud de nulidad y reposición de la causa de las actuaciones verificadas en el proceso, en virtud de existir presuntas violaciones a la jurisprudencia dictada por esta Sala Constitucional en la sentencia del 28 de noviembre de 2001, (Caso: Aeroexpresos Ejecutivos) y el Tribunal de la causa omitió pronunciarse sobre lo solicitado. Igualmente alegó la accionante que es una empresa en la cual el Estado tiene participación decisiva, pues su capital pertenece al Fondo de Inversiones de Venezuela, por lo cual el Tribunal de Primera Instancia debió ordenar la notificación a la Procuraduría General de la República sobre la medida de embargo que se practicó, tal como lo dispone el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por otra parte, adujo que el Juzgado de Primera Instancia procedió a nombrar expertos y a dictar los autos de ejecución voluntaria y forzosa, y a embargar los bienes de su representada sin notificar a las partes, notificación que resultaba necesaria, por cuanto el proceso estuvo paralizado por diez meses desde la última actuación de las partes en el expediente. Por último, alegó violaciones a los derechos de su representada por cuanto, en el mandamiento de ejecución decretado se ordenó pagar la cantidad a la que fue condenada más las costas procesales calculadas en treinta por ciento (30%), pero el embargo se efectuó por la cantidad condenada más el sesenta por ciento (60%) de costas procesales.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada Carmen Julia Correa, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Susana Valderrama, Pancracio Montesano, Luis Piñero Román, Edgar González Moreno, Juan Ramón Aparicio, Aura Cecilia Morillo, Jorge Bolívar Armas, Arnaldo Castillo, Edilio Ramón Riera, Eligio Alzaque, Eugenio José Domínguez, Cipriano Sarmiento y Julio Cesar Cuadrado, terceros coadyuvantes en la presente acción de amparo, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 9 de abril de 2003. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada Marta Becker, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 40.496, actuando en su carácter de apoderada judicial de COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE), contra la referida decisión. 2.- CONFIRMA la decisión dictada el 9 de abril de 2003, por el mencionado Juzgado Superior que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE), contra las actuaciones verificadas en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo con motivo del proceso de ejecución de la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2001, por el mencionado Tribunal de Primera Instancia, en el juicio de cobro de prestaciones sociales incoado por los ciudadanos Susana Valderrama, Pancracio Montesano, Luis Piñero Román, Edgar González Moreno, Juan Ramón Aparicio, Aura Cecilia Morillo, Jorge Bolívar Armas, Arnaldo Castillo, Edilio Ramón Riera, Eligio Alzaque, Eugenio José Domínguez, Cipriano Sarmiento y Julio Cesar Cuadrado, contra la hoy accionante.