Sentencia N° 1827 — Sala Constitucional del TSJ, 8 de diciembre de 2023

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 8 de diciembre de 2023, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Alberto Marín Vertel Sánchez contra la sentencia del 15 de agosto de 2023, que había declarado inadmisible su acción de amparo constitucional. La Sala consideró que existían vías ordinarias para la protección de los derechos alegados, lo que justificó la inadmisibilidad de la acción de amparo. Se reafirmó que el amparo constitucional es un recurso extraordinario que solo procede en casos donde no hay otros medios judiciales disponibles para restablecer derechos constitucionales.

La presente Acción de Amparo Constitucional se encuentra dirigida contra el Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, con fundamento en los artículos 26, 27, 49.1 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ahora bien, de las actas que conforman el presente expediente, se observa que el fin último perseguido por la parte quejosa en la presente acción de Amparo Constitucional, es que se decrete Amparo Constitucional y se anule el Dispositivo del fallo de fecha 10 de agosto de 2023, emitido por el Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Ahora bien, resulta imperativo señalar, previo a examinar los requisitos de admisibilidad de la acción de Amparo Constitucional algunas consideraciones doctrinales, legales y jurisprudenciales referidas a dicha Institución Jurídica, a saber: El Amparo Constitucional es hoy día según lo ha indicado la Doctrina moderna una Institución Jurídica entre las más notorias de nuestra Sociedad, así pues su evolución histórica en nuestro Ordenamiento Jurídico, se remonta al Derecho Latinoamericano el cual tuvo un efecto directo en éste lado del Continente, es decir, en la República Bolivariana de Venezuela, aunque tardío y paulatino. Dicha figura se consagra en Venezuela, es hasta la Constitución Nacional de 1961, cuando finalmente se le da el tratamiento adecuado, siendo reconocida como Institución Jurídica y en cuanto a su regulación legislativa, ésta se hace presente es a partir de la promulgación en 1988, de la aún vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De ahí que, resulta preciso establecer la base constitucional destacando entonces, el artículo 27 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela el cual reza lo siguiente: Por otra parte, ésta norma constitucional que sistematiza la Institución Amparo Constitucional, se encuentra estrechamente vinculada con el articulo 1de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual refiere que ‘toda persona natural o jurídica, domiciliada en la República, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo para el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, aun aquellos no contemplados expresamente en el texto constitucional referida a derechos humanos, para el restablecimiento de la situación jurídica infringida o situación que más se le asemeje’. En el mismo orden de ideas, resulta conveniente explanar el criterio establecido por el autor Rafael J. Chavero Gazdik sobre su aproximación conceptual, como en repetidas oportunidades ha dejado claro éste Tribunal Superior en sus decisiones, que no existen conceptos acabados, por lo tanto al explicar o hacer referencia sobre el concepto de una Institución de Derecho, nos referimos como aquella que más se acerca a su concepto, en éste sentido, dicho autor en su obra denominada ‘El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela’, indica que ‘el amparo constitucional es un derecho fundamental que se concreta en la garantía de acceder a los tribunales de justicia, mediante un procedimiento breve, gratuito, oral y sencillo, a los fines de restablecer urgentemente los derechos constitucionales que hayan sido vulnerados.’ Así pues, en otras palabras ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia según lo que plantea el autor Freddy Zambrano en su obra ‘El Procedimiento del Amparo Constitucional’ que dicha acción está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que el ejercicio de la acción está reservado para restablecer situaciones que provengan de las violaciones de tales derechos y garantías.

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano ALBERTO MARÍN VERTEL SÁNCHEZ, debidamente asistido por el abogado Pedro Adonay Simancas Ochoa, contra la sentencia dictada el 15 de agosto de 2023 por el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. 2.- CONFIRMA la decisión dictada el 15 de agosto de 2023 por el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.