Sentencia N° 1818 Constitucional TSJ 2001: Hilario Segundo Fernández — Revisión extraordinaria

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de revisión extraordinaria presentada por el abogado Marcos Salazar Huerta, en representación de Hilario Segundo Fernández, contra una sentencia de la Sala de Casación Penal. La solicitud se basaba en la supuesta violación de derechos al debido proceso y a la defensa, argumentando que la sentencia impugnada fue dictada extemporáneamente. La Sala consideró que el accionante tuvo acceso a los medios de defensa y que no se vulneraron sus derechos, declarando improcedente la solicitud de revisión.

Una vez asumida la competencia, esta Sala considera útil precisar, que el accionante acompañó a su escrito de solicitud de revisión extraordinaria, copia fotostática simple de la sentencia dictada el 22 de mayo de 2001, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, es pertinente señalar que esta Sala Constitucional el 24 de marzo de 2000 (caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja y Carmen Elisa Sosa Pérez), estableció lo siguiente: “La notoriedad judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones. Es por ello que, los jueces normalmente hacen citas de la doctrina contenida en la jurisprudencia, sin necesidad de traer a los autos copias (aún simples) de las sentencias, bastando para ello citar sus datos. Suele decirse que como esos aportes jurisprudenciales no responden a cuestiones fácticas, ellos no forman parte del mundo de la prueba, lo que es cierto, y por lo tanto, no se hace necesario consignar en el mundo del expediente, copia del fallo invocado. ...omissis... Se han hecho las menciones a la notoriedad judicial y observa esta Sala que, los accionantes señalan que contra la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, de fecha 21 de enero de 1999, anunciaron recurso de casación, pero que tal recurso les fue negado por el tribunal de la última instancia, motivo por el cual recurrieron de hecho ante la Sala de Casación Penal de la antigua Corte Suprema de Justicia, la cual declaró sin lugar el recurso de hecho, sin señalar en la solicitud de amparo en cuál fecha, ni cuál fue el dispositivo de dicho fallo. Por notoriedad judicial, esta Sala conoce la decisión de otra de las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, como es el fallo de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, Sala que ahora está integrada a este Tribunal Supremo. Según decisión de dicha Sala de Casación Penal de fecha 10 de noviembre de 1999 que no corre en autos, pero como se dijo es del conocimiento de esta Sala, la Casación Penal declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por los accionantes, porque según el artículo 82 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, las decisiones de última instancia en esa materia, carecen de recurso de casación.” En consecuencia, en armonía de lo antes señalado y por cuanto la decisión objeto de la presente revisión corresponde a una de las dictadas por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, esta Sala Constitucional, a pesar de que el accionante consignó copia fotostática simple de dicha decisión, siendo lo correcto que se acompañara copia certificada de la misma, procede a conocer el presente recurso, en uso de la notoriedad judicial antes citada. Así se declara.

En los términos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de revisión extraordinaria de la sentencia dictada el 22 de mayo de 2001, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, formulada por el abogado MARCOS SALAZAR HUERTA, con el carácter de apoderado judicial del ciudadano HILARIO SEGUNDO FERNÁNDEZ, de conformidad con lo previsto en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.