Sentencia N° 1808 Constitucional TSJ 2001: Freddy José Mudarra Gamboa — Apelación de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un oficio de la Sala Político-Administrativa relacionado con una apelación interpuesta por Freddy José Mudarra Gamboa contra una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró no haber materia sobre la cual decidir en su acción de amparo. La Sala, tras analizar los antecedentes y la normativa aplicable, concluyó que la acción de amparo era inadmisible, ya que el accionante aún tenía abierta la vía del contencioso administrativo para impugnar el acto administrativo que lo destituyó de su cargo.

Para decidir esta Sala observa lo siguiente: El accionante interpuso recurso de reconsideración contra el acto administrativo dictado por la Dirección General Sectorial del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que entró en vigencia el 20 de abril de 1995, según se evidencia de memorándum nº 9700-104-RC-6764 del 24 de abril de ese año, emanado de la Dirección General de Personal, el cual lo destituyó de su cargo de Inspector Jefe, adscrito a la División Contra Robos del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, recurso que fue declarado sin lugar, y contra tal decisión se introdujo recuso jerárquico ante el Ministro de Justicia. De las actas se desprende que el accionante interpuso el recurso jerárquico ante el Ministro el 4 de julio de 1995, y de conformidad con el artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el lapso para decidir se venció el 2 de octubre de 1995, es decir, noventa (90) días después, y al no constar en actas que el mismo fue decidido se deba considerar resuelto de manera negativa de conformidad con el artículo 4 eiusdem. En virtud de ello, el accionante impugnó por vía de amparo el acto dictado el 24 de abril de 1995, emanado de la Dirección General de Personal, el cual lo destituyó de su cargo de Inspector Jefe, adscrito a la División Contra Robos del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, e intentó por este medio que el acto administrativo fuese declarado nulo, y que fueran restituidas las cosas al estado en que se encontraban antes de decidirse su destitución. Al respecto la Sala observa lo siguiente, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 93, establece: “Artículo 93: La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, éstos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para interponer los recursos contenciosos son los establecidos por las leyes correspondientes” (Resaltado de la Sala). Igualmente la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 5, prevé: “Artículo 5: (…) Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso- Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. (…)” (Resaltado de la Sala). Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 259, reza: “Artículo 259. La jurisdicción contenciosoadministrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. De los artículos precedentemente transcritos se desprende que el medio idóneo que tenía el accionante para impugnar el acto administrativo dictado el 24 de abril de 1995 emanado de la Dirección General de Personal, era el recuso contencioso administrativo de nulidad, sin perjuicio de poder ser incoado conjuntamente con acción de amparo, por ser ésta la vía adecuada para obtener la restitución de la situación presuntamente infringida. Pero al haber interpuesto amparo autónomo cuando aún tenía abierta la vía del contencioso administrativo, la acción de amparo incoada resultaba inadmisible.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Freddy José Mudarra Gamboa, asistido por el abogado Manuel Belisario, contra la decisión dictada el 22 de febrero de 1996 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. SEGUNDO: ENMIENDA la decisión dictada el 22 de febrero de 1996 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual declaró que no hay materia sobre la cual decidir en la acción de amparo constitucional incoada contra los ciudadanos José Lazo Riccardi, Neptalí Medina Leal y Gerardo Quintero Álvarez, Director General Sectorial, Inspector General y Jefe de División de Disciplina, respectivamente, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. TERCERO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Freddy José Mudarra Gamboa contra el acto administrativo dictado el 20 de abril de 1995 por la Dirección General de Personal, el cual lo destituyó a éste de su cargo de Inspector Jefe, adscrito a la División contra Robo del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y en la cual se señaló como agraviantes a los ciudadanos José Lazo Riccardi, Neptalí Medina Leal y Gerardo Quintero Álvarez, Director General Sectorial, Inspector General y Jefe de División de Disciplina, respectivamente, de dicho Cuerpo Policial. Publíquese, regístrese, remítase copia certificada del presente fallo y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.