Sentencia N° 1803 Constitucional TSJ 2001: Daniel Enrique Pérez Rojas vs Dra. Cristina Omaña de Contreras

La Sala Constitucional recibió una consulta sobre la decisión del Juzgado Superior Sexto Agrario que declaró inadmisible una acción de amparo constitucional. La Sala determinó que el cierre del tribunal no podía imputarse a la juez denunciada, ya que fue consecuencia de una sanción administrativa. Se concluyó que el cierre temporal del tribunal no lesionó derechos constitucionales de la accionante, ya que la medida de secuestro sobre el ganado en litigio estaba vigente. Por lo tanto, se confirmó la decisión del Juzgado Superior.

En el presente caso se observa que la accionante señala como agraviante a la Dra. Cristina Omaña de Contreras, en su carácter de Juez Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, siendo el hecho que señala como violatorio de sus derechos, el cierre del Tribunal como consecuencia de la suspensión de la cual fue objeto la citada Juez, en razón de que ante dicho Tribunal se ventila la causa que por partición incoó la accionante por un lote de semovientes. El apoderado de la accionante señaló que, por el cierre del mencionado Tribunal, se le impide defender los derechos de su cliente y le crea estado de indefensión, lesionando los artículos 2 y 21, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el cierre le impide tener acceso a la justicia, violentando el artículo 27 eiusdem y, por último, vulnera la garantía del debido proceso y el derecho a ser oído, contenidos en el artículo 49, numerales 1 y 3, respectivamente de la citada Constitución, por lo que solicitó, por la vía de amparo, se ordenara que la causa fuese ventilada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a fin de evitar dilaciones indebidas y el retardo procesal de la causa. Para decidir esta Sala observa: La accionante señala como agraviante a la Juez Segunda de Primera Instancia del Trabajo y Agrario, y solicitó que la citación fuese practicada en su persona a fin de que informara sobre las presuntas violaciones. Al respecto, esta Sala juzga que tal alegato efectivamente debía ser desestimado, toda vez que el cierre del tribunal no podía imputarse a la Juez denunciada, pues dicha medida fue consecuencia de la suspensión del cargo de la cual fue objeto la Dra. Cristina Omaña de Contreras, por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 22 de mayo de 2000 por el Juzgado Superior Sexto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Daniel Enrique Pérez Rojas, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Luz Mery Lancheros vda. de Valentino, contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Publíquese, regístrese, y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.