Sentencia N° 1802 Constitucional TSJ 2001: María Auxiliadora Barrios de Martínez vs Gladys Cordero Piña — Apelación de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por María Auxiliadora Barrios de Martínez contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo que declaró inadmisible su acción de amparo. La Sala determinó que la negativa de la medida cautelar solicitada no constituye cosa juzgada y que el Juzgado de Primera Instancia actuó dentro de su competencia al decretar la medida de prohibición de enajenar y gravar. Finalmente, se declaró sin lugar la apelación y se consideró improcedente la acción de amparo constitucional.

El juzgado a quo determinó la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta, argumentado que: '...este Tribunal niega la Admisión pues dicho amparo tiene como explicación en (sic) que la juez de primera instancia declaró una medida de Prohibición de Enajenar y Grabar (sic) en dicho juicio, no obstante que la había negado en dos oportunidades anteriores. Ahora bien, la negativa de una medida cautelar no llegar a constituir cosa juzgada, es un simple trámite judicial que puede ser revisado a solicitud de parte por el Juez y nunca pueden llegar a quedar firmes, no es un caso pues como lo pretenden los solicitantes de que el Juez decide nuevamente, pues como se ha dicho esa negativa no constituye decisión formal sobre el contenido del proceso...'. Ahora bien observa esta Sala, que aunque el juzgado a quo determinó, en su parte dispositiva, que la presente acción de amparo era inadmisible, tal pronunciamiento no se encuentra ajustado a derecho, pues lo expuesto por éste en el fallo apelado, no se sigue ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es así como, de las actas del expediente y de la motivación dada por el juzgado a quo, se sigue la improcedencia de la misma puesto que las medidas preventivas pueden ser decretadas en todo estado y grado de la causa, a tenor de lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, y no llegan a constituir cosa juzgada material, tal como lo dispuso esta Sala en la sentencia número 94 del 15 de marzo de 2000, en la cual se establece lo siguiente: '... La medida innominada que persigue los anteriores fines, queda a criterio del juez, hasta el punto que él acuerda las providencias cautelares que considere adecuadas (artículo 588 del Código de Procedimiento Civil) y ellas consisten en autorizar o prohibir determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión...'. La Sala juzga que la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo resulta conforme a derecho cuando dictaminó que la conducta asumida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, al decretar la medida preventiva, adversada en amparo, no se subsume dentro del supuesto de hecho contemplado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; pues dicho Juzgado Primero de Primera Instancia no actuó fuera de su competencia ni usurpó funciones, ni violentó el artículo 49 denunciado como vulnerado en sus numerales 1 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado José Martín Labrador B., actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIA AUXILIADORA BARRIOS DE MARTINEZ, contra la decisión del 17 de agosto de 2000, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, e IMPROCENDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta, contra las actuaciones del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual dictó los autos del 6 de junio y 4 de julio del 2000, respectivamente. Publíquese, regístrese, notifíquese, y remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.