Sentencia N° 180 Constitucional TSJ 2001: Git Yuen NG Chang — Apelación de acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conoció de la apelación interpuesta por GIT YUEN NG CHANG contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de Anzoátegui, que declaró inadmisible su acción de amparo. La Sala determinó que la apelación era inadmisible, ya que el accionante no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Se concluyó que la decisión del tribunal a quo fue clara y precisa, y que no se vulneraron los derechos del accionante.

Pasa esta Sala a decidir sobre la apelación ejercida por la parte accionante, previo el análisis de las siguientes consideraciones: Alega el accionante que el fallo objeto de amparo no contiene una decisión expresa, positiva y precisa. Al respecto observa esta Sala que la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui señala que el “Instrumento fundamental es privado, no tiene fecha de cuando fue firmado por las partes, a tal efecto este Sentenciador considera que el mismo no tiene fuerza ejecutiva en apoyo al derecho que se reclama por lo tanto se DECLARA INADMISIBLE esta demanda de tercería”. De lo anterior se desprende que el juzgado a quo sentenció en forma clara, expresa, positiva precisa e inteligible, por lo cual considera esta Sala, que el alegato aducido por el accionante debe ser desestimado, y así se decide. Denuncia el accionante que la sentencia objeto de amparo infringió los artículos 15 del Código de Procedimiento Civil y 31 de la Ley de Timbre Fiscal, por cuanto el tribunal a quo no dio cumplimiento a las formalidades que dicha ley establece para la sentencia. En este sentido, esta Sala comparte el criterio explanado por el tribunal a quo, toda vez que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Asimismo el artículo 257 eiusdem establece que: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. De lo anterior evidencia esta Sala, que la intención del legislador ha sido establecer una administración de justicia gratuita, desprendida de formalismos innecesarios, que resulten un obstáculo para el propósito que ella encarna, el cual es garantizar a los particulares un estado de derecho. Ahora bien, considera este alto tribunal que la prescindencia de los requisitos de forma, referidos a los diámetros del papel de la sentencia, en que había incurrido el señalado Tribunal de Primera Instancia, no puede acarrear la nulidad de la misma pues no menoscaba de modo alguno los derechos constitucionales presuntamente vulnerados. En virtud de lo anterior la denuncia efectuada por el accionante debe ser desestimada, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el ciudadano GIT YUEN NG CHANG en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui de fecha 20 de marzo de 2000, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de fecha 11 de enero de 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.