Sentencia N° 180 Constitucional TSJ 2000: Allan R. Brewer- Carías, Claudio Fermín… vs Asamblea Nacional Constituyente

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad por inconstitucionalidad presentada por varios ciudadanos en contra de dos decretos de la Asamblea Nacional Constituyente. La Sala argumentó que la acción contraviene el orden público constitucional, ya que la nulidad del Estatuto Electoral del Poder Público podría llevar a la inestabilidad del sistema democrático en Venezuela. La decisión concluyó declarando sin lugar la acción de nulidad, reafirmando la validez de los decretos impugnados.

La acción de inconstitucionalidad va dirigida en contra de dos actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, estos son: el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de fecha 30 de enero de 2000, mediante el cual se dictó el “Estatuto Electoral del Poder Público”; y, el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de la misma fecha, mediante el cual se fija para el día 28 de mayo de 2000 la realización de las elecciones nacionales, estadales y municipales y para representantes ante el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano, ambos publicados en la Gaceta Oficial Nº 36.884 de fecha 3 de febrero de 2000. De allí que el escrito contentivo de la acción esté dividido en dos partes, la primera, referente a las violaciones constitucionales que los accionantes le atribuyen al Decreto del “Estatuto Electoral”; y la segunda, relativo a las violaciones constituciones que los accionantes le atribuyen al Decreto que fijó las elecciones para el 28 de mayo de 2000. Señalan los accionantes que la Asamblea Nacional Constituyente vulneró los artículos 156, ordinal 32 y 187, ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que, la potestad de dictar leyes nacionales, según dichas normas, son reservadas a la Asamblea Nacional como órgano que ejerce el Poder Legislativo Nacional, la cual está conformada por diputados electos popularmente mediante sufragio. A su vez estiman que, tanto de los tratados internacionales, como lo sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23 y 30), así como en la normativa constitucional, específicamente, en los artículos 202 y 203 de la Constitución vigente, se desprende que las leyes son las que emanan de los parlamentos electos democráticamente, es por ello que consideran que, el Estatuto Electoral, no encuadraría dentro de la expresión “ley” o “ley orgánica” en los términos de la Constitución, violando así los artículos 202 y 203 ejusdem, “...al pretenderse regular en el mismo materias reservadas a la ley nacional como se define en dichas normas”. Asimismo, consideran que la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política sólo podía ser derogada, así fuera parcialmente, por otra ley orgánica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 de la Constitución, por lo que el Estatuto Electoral, infringe dicha norma.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos Allan R. Brewer- Carías, Claudio Fermín Maldonado y, Alberto Franceschi González, antes identificados, en contra de los Decretos de fecha 30 de enero de 2000, mediante el cual se dictaron el Estatuto Electoral del Poder Público, y la fijación de los primeros procesos comiciales, ambos publicados en la Gaceta Oficial Nº 36.884 del 3 de febrero de 2000. Como consecuencia de la anterior declaratoria, la pretensión de los terceros adhesivos coadyuvantes del presente proceso decae con base a los mismos fundamentos que se expresaron a lo largo del presente fallo.