Sentencia N° 1783 Constitucional TSJ 2001: Manufacturas Rally Sport C.A., S. Dumpierréz… vs Tribunal Superior Tercero en lo Civil…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la improcedencia de la demanda de amparo interpuesta por varias empresas y ciudadanos contra la negativa del Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de recibir diversos escritos. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado improcedente la demanda, lo que fue confirmado por la Sala Constitucional, aunque por diferentes motivos. La Sala consideró que no se violó el derecho a la defensa ni al debido proceso, ya que la falta de notificación personal no afectó el resultado del juicio.

En cuanto a la denuncia de violación del derecho a la defensa y al debido proceso, por la omisión de la notificación personal a los demandantes de la interposición del recurso contencioso administrativo de anulación contra la Resolución nº 1160, esta Sala Constitucional dejó sentado su criterio en sentencia del caso de C.V.G. Siderúrgica del Orinoco C.A. SIDOR (s. S.C. nº 438, del 04.04.01.): “Ahora bien, existen procedimientos administrativos donde la Administración cumple una función equivalente a la del juez para resolver la controversia entre dos partes. Por ello se ha denominado a los actos que resultan de dichos procedimientos como ‘actos cuasijurisdiccionales’ (V. Hildegard Rondón de Sansó. Los actos cuasijurisdiccionales. Ediciones Centauro. Caracas, 1990). En tales actos, la Administración, en sede administrativa, no actúa como parte en el procedimiento decidiendo unilateralmente sobre derechos que le son inherentes, sino que actúa en forma similar a la del juez, dirimiendo un conflicto entre particulares y cuya decisión está sometida al posterior control en sede judicial (...) Es pues indudable que el acto administrativo que resulta de dichos procedimientos de tipo cuasi-jurisdiccional, crea derechos u obligaciones tanto para la parte recurrente como para aquélla o aquéllas que, tal como consta en el expediente administrativo, estuvieron efectivamente presentes en el procedimiento del cual resultó el acto impugnado. (...) Es evidente que la parte directamente involucrada en el procedimiento administrativo que produce un acto de los llamados cuasi-jurisdiccionales, no es un tercero interesado en el juicio de anulación que se lleve a cabo contra dicho acto, sino que es persona directamente interesada en dicho proceso. Y, a pesar de ello, de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta parte del proceso cuasi-jurisdiccional para enterarse de la existencia de un juicio que definitivamente le pudiere ocasionar efectos directos a sus intereses, requiere estar diariamente en revisión exhaustiva de todos los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Caracas, para así poder defender sus derechos sobre el acto impugnado, los cuales son evidentes, de la simple lectura del expediente, tanto para el recurrente como para el Juez que conozca del recurso de anulación. Sin embargo, sólo cuando este interesado directo descubre que en un día y en un diario determinado se publicó algún cartel de emplazamiento, referente al acto que resultó del procedimiento en el cual estuvo directamente involucrado, es cuando puede enterarse y oponerse al recurso interpuesto contra dicho acto. Es entonces una violación al derecho a la defensa establecido en el artículo 68 de la Constitución de 1961 derogada, así como en los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución vigente, el que una parte interviniente en un procedimiento administrativo de naturaleza cuasi-jurisdiccional no sea notificada personalmente del recurso interpuesto contra el acto que resultó de dicho procedimiento, cuando del expediente administrativo se verifica la efectiva actuación de esa parte en sede administrativa.”

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, pero por diferentes motivos, la sentencia dictada el 12 de febrero de 1996, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por MANUFACTURAS RALLY SPORT C.A., S. DUMPIERRÉZ S.R.L., y los ciudadanos CARMEN BERMÚDEZ DE GIL, MIGUEL ÁNGEL QUINTERO, ODILO ANTONIO GÓMEZ RODICIO, contra la negativa del Tribunal Superior Tercero de Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de recibirles diferentes escritos.