Sentencia N° 1768 Constitucional TSJ 2001: Cesar Neptalí Sánchez Petit vs Sonia Ortiz de Ontiveros — Declinatoria de competencia…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por Cesar Neptalí Sánchez Petit contra Sonia Ortiz de Ontiveros, Registradora Principal del Estado Táchira. El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo declinó su competencia, argumentando que la acción se dirigía contra una funcionaria de la Administración Pública Nacional. La Sala Constitucional, al analizar la declinatoria, determinó que no le correspondía conocer del caso, ya que la funcionaria no actuó por delegación del Ministro del Interior y Justicia, sino bajo órdenes de la Directora General de Registros y Notarías.

Para decidir la acción de amparo interpuesta, debe esta Sala pronunciarse, previamente, acerca de la declinatoria de competencia que le hiciera el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, para conocer del presente caso. Para ello, se observa: El referido Juzgado Superior declinó en esta Sala Constitucional la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, por el ciudadano JOSÉ NEPTALÍ SÁNCHEZ PETIT contra la Registradora Principal del Estado Táchira, en virtud de que consideró que la misma se trataba de una acción ejercida contra una funcionaria que actuó por delegación de un órgano de la Administración Pública Nacional, supuesto éste previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Al respecto, se observa que en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), esta Sala Constitucional estableció que le corresponde el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo constitucionales incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como también contra alguno que haya actuado por delegación de atribuciones de aquéllos, lo cual asegura que el control de la violación constitucional a un derecho o garantía por parte de los hechos, actos u omisiones de tales autoridades “sean decididos con mayor certeza dado su posible incidencia en el acontecer político del Estado”. Precisa esta Sala señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 eiusdem, el fuero especial allí previsto debe reunir dos requisitos intrínsecos, cuales son la jerarquía constitucional y el carácter nacional, es decir, que la actividad de la autoridad derive de un mandato expreso de la Constitución y que su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República, afectando así múltiples factores políticos, sociales y económicos de la Nación. Por consiguiente, observa esta Sala que el referido fuero especial no puede ser extendido a todo tipo de autoridad del Poder Público que no se encuentre dentro del supuesto contenido en la norma mencionada.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes. SEGUNDO.- COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes y, en consecuencia, ORDENA remitir el expediente a dicho Juzgado, con el propósito de que continúe la tramitación del procedimiento hasta su respectiva decisión.