Sentencia N° 176 Constitucional TSJ 2001 — Acción de amparo constitucional contra omisión del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en respuesta a una acción de amparo constitucional interpuesta por ciudadanos afectados por la omisión del Ministerio del Ambiente en el cumplimiento de programas de saneamiento del Lago de Valencia. Los accionantes denunciaron violaciones a sus derechos fundamentales a la propiedad, la salud y la protección de la familia, debido a la amenaza de inundaciones y contaminación en sus viviendas.

Vistas las actas del expediente y oídas las exposiciones de los representantes de los accionantes, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, la Sala observa que la acción de amparo constitucional fue ejercida contra la presunta omisión, por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en la ejecución, entre otras, de las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo Nº 1.853, de fecha 21 de mayo de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República nº 296.609, del 11 de junio del año en referencia, en el cual se declaran de urgente ejecución las obras y acciones vinculadas con la prevención de riesgos y daños por inundaciones, con motivo de la subida del nivel de las aguas del Lago de Valencia. Ahora bien, según la disposición contenida en el artículo 7 del Decreto en referencia, su ejecución no quedó a cargo únicamente del Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales, sino también de los Ministros de la Familia y de Desarrollo Urbano. Por otra parte, la Sala observa que, con posterioridad al ejercicio de la acción de amparo, fue dictado, en fecha 23 de noviembre de 1999, el Decreto Ejecutivo nº 497, publicado en la Gaceta Oficial de la República de fecha 25 de noviembre del mismo año, en el cual se declaran también de urgente ejecución las obras y acciones vinculadas con la prevención de riesgos y daños por inundaciones, con motivo de la subida del nivel de las aguas del Lago de Valencia. Ahora bien, según la disposición contenida en los artículos 5 y 8 del citado Decreto, su ejecución no quedó a cargo únicamente del Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales, sino también del Ministro de Infraestructura. Además, según el artículo 7 del citado Decreto, las acciones relativas a los desarrollos urbanísticos, reubicaciones y dotaciones básicas requeridas para la atención de los posibles afectados por inundaciones, deben ser realizadas en coordinación con las Gobernaciones de los Estados Aragua y Carabobo y las Alcaldías, según corresponda. Visto el tenor de los citados instrumentos, y visto que la ejecución de los citados Decretos quedó también a cargo de autoridades que no fueron llamados a este juicio, la Sala encuentra necesario, a los efectos de mejor proveer en esta causa, solicitar informe escrito a cada una de las citadas autoridades acerca del estado de avance de las obras y acciones declaradas de ejecución urgente en dichos Decretos, así como de los recursos presupuestarios que las obras y acciones en referencia tienen asignados y los niveles de compromiso y de gasto de tales recursos. Así se decide.

Por las razones que anteceden, la Sala ORDENA a los Ministros del Ambiente y de los Recursos Naturales y de Infraestructura, así como a los Gobernadores de los Estados Aragua y Carabobo, y al Alcalde del Municipio Girardot del Estado Aragua, que, en un lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de su notificación, procedan a remitir a esta Sala los informes escritos a que se hace referencia en esta decisión, en los términos ya señalados, relativos a la ejecución de las disposiciones contenidas en los citados Decretos. Una vez recabados los citados informes, la Sala procederá a dictar sentencia en la presente causa, previa la celebración de nueva audiencia, cuya oportunidad será fijada una vez recibidos los informes requeridos y sin perjuicio del procedimiento correspondiente a la presente acción de amparo, admitida por auto de fecha 6 de julio de 2000.