Sentencia N° 1754 — Sala Constitucional del TSJ, 9 de octubre de 2006

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por la abogada Delma de Armas, actuando en nombre de Luis Arturo Brown Gahona, contra la decisión del Juzgado Superior Segundo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional. La Sala constató que la falta de notificación a la sociedad Inversora 7019, C.A. impedía el ejercicio del derecho a recurrir, lo que justificó la nulidad del auto en ejecución de sentencia dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Superior y ordenó la remisión del expediente para que se practicara la notificación correspondiente a la codemandada.

En principio es pertinente señalar que en el presente caso, la representación judicial del ciudadano Luis Arturo Brown Gahona ejerció recurso de apelación contra la decisión dictada el 17 de marzo de 2006, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 22 de ese mismo mes y año, y si bien en materia de amparo no es requisito indispensable consignar el escrito de fundamentos de la apelación para que la Alzada conozca del caso, el mismo es valorado cuando se presenta dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el expediente en la Alzada. No obstante, en el caso de autos la parte recurrente no consignó el escrito de fundamentos de la apelación, razón por la que esta Sala pasa a revisar la decisión sin enfoque de denuncia alguna. En el presente caso, la accionante, sociedad de comercio C.N.A. de Seguros La Previsora, denunció la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, por parte del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al ordenar la ejecución de un fallo que no había quedado definitivamente firme, el dictado el 28 de abril de 2004 por el entonces denominado Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, porque la falta de notificación de una de las codemandadas en el juicio, impedía que comenzara a correr el lapso para anunciar el recurso de casación, siendo por tanto, limitado con la orden de ejecución en su derecho a recurrir del fallo.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Delma De Armas, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Luis Arturo Brown Gahona, contra la decisión dictada el 17 de marzo de 2006 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; y CONFIRMA la citada decisión que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Edgar Darío Núñez Alcantara y Rayda Giralda Riera Lizardo, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad de comercio C.N.A. de Seguros La Previsora, contra el auto en ejecución de sentencia dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la citada Circunscripción Judicial el 17 de marzo de 2005, en el juicio que por indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito interpuso el precitado ciudadano contra la sociedad mercantil Inversora 7019, C.A. y la accionante. Se declara el CESE de la medida cautelar acordada el 17 de enero de 2006, por dicho Juzgado Superior Segundo, tendiente en ese momento, a suspender los efectos de la orden de ejecución contenida en el auto accionado.