Sentencia N° 1746 Constitucional TSJ 2001: Ana María Albornoz — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María Albornoz contra un auto del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Lara. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Superior Segundo que declaró con lugar la acción de amparo, argumentando que el tribunal de primera instancia había vulnerado el debido proceso al negarse a ejecutar una decisión interlocutoria que ordenaba la entrega de vehículos embargados. La Sala destacó que la apelación contra la decisión interlocutoria no suspendía su ejecución, lo que justificaba la entrega de los bienes a la accionante.

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta obligatoria en una acción de amparo y, a tal efecto, se ratifican los criterios expuestos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y, 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire), en el sentido de que esta Sala es competente para conocer de las consultas y/o apelaciones que provengan de los Juzgados Superiores en ejercicio de la jurisdicción civil, cuando conozcan de las acciones de amparo autónomo en primer instancia constitucional, y así se declara. Declarado lo anterior, pasa esta Sala a examinar el presente caso y, a tal efecto, observa: La sentencia que declaró con lugar la oposición ejercida por la tercera opositora, fue dictada el 9 de junio de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual señaló: “Respecto a la oposición incoada por la tercera opositora, ciudadana Ana María Godoy Albornoz, contra la medida preventiva de embargo practicada en fecha 29-02-2000 en el juicio por COBRO DE BOLÍVARES INTIMATORIO interpuesta por ...omissis....se declara CON LUGAR. Queda así suspendida la medida de embargo practicada sobre dichos bienes”. Ahora bien, el auto impugnado por la vía del amparo constitucional, es el dictado el 2 de octubre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual señala lo siguiente: “Vista la diligencia suscrita por la tercera opositora ciudadana Ana María Godoy, asistida por el abogado Pastor Flores, en donde solicita que por cuanto fue declarada con lugar la oposición que ella hiciera, le sea entregado el vehículo, este tribunal en virtud de que la sentencia no se encuentra definitivamente firme, a los fines de garantizar el debido proceso, se abstiene de hacer la entrega del vehículo solicitado, por cuanto se encuentran pendientes las resultas de la apelación”. De lo anteriormente transcrito, se constata que el juzgado de primera instancia, una vez declarada con lugar la oposición ejercida por la hoy accionante en contra del embargo practicado sobre unos vehículos de su propiedad, se negó a realizar la entrega efectiva, ya que había sido ejercido un recurso de apelación en contra de dicho auto. A tal efecto, esta Sala observa que el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, el cual se refiere a la oposición al embargo, establece claramente la posibilidad de que el tercero que presente prueba fehaciente de la propiedad de la cosa objeto del embargo y que esté en su poder, pueda oponerse a la ejecución del embargo que va a practicarse o ya se ejecutó y, a su vez, establece dicho artículo que de la decisión “se oirá apelación en un sólo efecto”; esto es, que ejercida la apelación en contra del auto que declaró con lugar la oposición realizada por la hoy accionante, dicho recurso se oye sólo en el efecto devolutivo y, por tanto, no se suspenden las consecuencias de la sentencia dictada, por lo cual debe ser ejecutada, so pena de que la alzada que conozca de la apelación, la declare con lugar y, por tanto, se de lugar a la obligación de reintegrar la cosa objeto del embargo.

CONFIRMA la decisión dictada el 30 de octubre de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la acción de amparo interpuesta por la ciudadana ANA MARÍA ALBORNOZ, asistida por el abogado PASTOR IGNACIO FLORES MORILLO, en contra del auto dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 2 de octubre de 2000. Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.