Sentencia N° 1735 Constitucional TSJ 2001: Carlos Ortiz Rojas vs Instituto Nacional de Hipódromos — Confirmación de inadmisión de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que inadmitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Ortiz Rojas, accionista del Restaurant Mimaymack, C.A., contra el Instituto Nacional de Hipódromos. La Corte consideró que el ente señalado no realizó el acto homologatorio del convenimiento que dio lugar a la medida de entrega material del inmueble, lo que llevó a la inadmisión de la acción. La Sala reafirma que el agotamiento de los medios judiciales ordinarios es un requisito previo para la admisibilidad de la acción de amparo constitucional.

1.- La Corte Primera de lo Contencioso decidió inadmitir la acción de amparo constitucional incoada por el Restaurant Mimaymack, C.A., al considerar que estaba presente el supuesto de hecho contenido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues el ente señalado como presunto agraviante –Instituto Nacional de Hipódromos– no realizó el acto homologatorio del convenimiento que dio lugar a la medida de entrega material, ni le cumplía llevar a término la ejecución forzosa de la misma. Siendo que del estudio del documento de la demanda de amparo se evidencia que son ciertas tales afirmaciones, esta Sala comparte la consecuencia que de ellas derivó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cual fue la inadmisión in integrum de dicha acción. Por lo tanto, confirma por lo que aquí respecta tal decisión. 2.- En cuanto a la segunda razón de inadmisión en que sostuvo su fallo la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, relativa a que el accionante no había hecho uso de los medios judiciales ordinarios disponibles, esta Sala la examinará a partir de la jurisprudencia que al respecto ha venido desarrollando, en la que destacan, por la importancia que dieron al tema, las sentencias 848/2000, caso: Luis Alberto Baca y 963/2000, caso: José Ángel Guía; también se refirieron al punto las sentencias 1120/2000, 1351/2000, 1592/2000, 27/2001, 29/2001, 30/2001, 46/2001, 331/2001, 1488/2001, 1496/2001, 1488/2001 y 1591/2001. Un resumen de dicha doctrina es el siguiente: 2.1. La Sala ha afirmado que al Poder Judicial le cumple hacer efectivo, conforme lo ordena el artículo 26 constitucional, el derecho que tienen todas las personas de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a través de una tutela efectiva de los mismos, sin dilaciones indebidas. Ello se traduce, a la luz del carácter vinculante de la Constitución, en que todos los órganos judiciales devienen tutores de los derechos fundamentales, esto es, les corresponde ejercer sus atribuciones en orden a un goce efectivo por las personas de los bienes que la comunidad política ha elevado a rango constitucional.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 27 de julio de 2000, la cual inadmitió la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Carlos Ortiz Rojas, en su condición de accionista del RESTAURANT MIMAYCACK, C.A., contra el Instituto Nacional de Hipódromos. Queda en los términos expuestos resuelta la consulta ordenada.