Sentencia N° 1722 Constitucional TSJ 2001: Jorge Arreaza, Raquel de Díaz, Beatriz Ruiz… vs Municipio Autónomo Baruta

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación ejercida contra una decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo, relacionada con una acción de amparo constitucional. La Sala determinó que carece de competencia para conocer de dicha apelación, ya que corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conocer las sentencias de los Juzgados Superiores en materia contencioso administrativa que resuelvan acciones de amparo constitucional.

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y a tal efecto observa: Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión del 14 de marzo de 2000, (caso C.A Electricidad del Centro (ELECENTRO) y Compañía Anónima de Electricidad de los Andes (CADELA), en la cual precisó lo establecido en su sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), le corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conocer por vía de apelación o consulta las sentencias de los Juzgados Superiores en materia Contencioso Administrativa que resuelvan acciones de amparo constitucional. Ello es así porque la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es el tribunal competente para conocer de las apelaciones de las decisiones emanadas de los Juzgados Superiores en materia Contencioso Administrativa, a tenor de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la apelación ejercida contra una decisión dictada por un Juzgado Superior en materia contencioso administrativa, el cual, conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional ejercida contra autoridades municipales, cuyo tribunal de alzada –como antes se precisó- es la propia Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual esta Sala, carece de competencia para conocer en apelación de la decisión emitida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y declara que el órgano jurisdiccional competente para conocer dicho recurso es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y así se decide.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la apelación ejercida contra la decisión proferida el 7 de junio de 1995, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, con motivo de la acción de amparo constitucional, ejercida por los abogados Ricardo Antela y Rafael Goméz Díaz, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos JORGE ARREAZA, RAQUEL DE DÍAZ, BEATRIZ RUIZ, EMILIO CARDOZO, NACIRA MILLAN, GREGORIA FLORES, FRANCISCO TOVAR, TERESA ALSINA, JOHNY CHACON, JOEL RIVAS, RICHARD PARTIDAS, DARWIN VILLEGAS, HUGO GARCÍA, JESÚS URBAEZ, ALEXIS HURTADO, YAJAIRA OROPEZA, OSVALDO MENA, ANNA L. DE AMBROGIO y ELIZABETTA DE AMBROGIO, contra la amenaza de clausura del local donde trabajan, por parte de las autoridades del Municipio Autónomo Baruta del Estado Miranda, y en consecuencia ordena remitir a la brevedad a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el presente expediente para que conozca de la referida apelación.