Sentencia N° 171 Constitucional TSJ 2001: Daniel Montero vs Manufacturas Olimpiadas Maracay C. A. — Incompetencia en acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Juan Navas Alvarado en representación de Daniel Montero, en contra de un auto del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo del Estado Aragua. La Sala determinó que era incompetente para conocer del caso, dado que la acción debía ser presentada ante un tribunal superior al que dictó la decisión impugnada. La Sala ordenó remitir el expediente al juzgado competente para su conocimiento.

En el presente caso, la acción de amparo, fue interpuesta contra el auto dictado en fecha 06 de Noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante el cual se acordó la reposición de la causa al estado de que se comience a contar el lapso para la contestación de la demanda. Ahora bien, como lo ha venido manifestando esta Sala Constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, que determina el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la misma, así como las consagradas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo, el cual “será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. En ese sentido, esta Sala Constitucional al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de sentencia de fecha 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán contra los ciudadanos Ministro del Interior y Justicia, Ignacio Luis Arcaya, Vice Ministro del Interior y Justicia, Alexis Aponte, y la ciudadana Yelitza de Jesús Santaella Hernández, estableció lo siguiente: “corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”.

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado JUAN NAVAS ALVARADO, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano DANIEL MONTERO. En consecuencia, ORDENA a la Secretaría de esta Sala remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y de Estabilidad Laboral que cumpla la función de distribuidor en la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a fin de que a su vez lo envíe de manera inmediata al Juzgado Superior competente, que deba conocer de la presente acción.