Sentencia N° 1707 Constitucional TSJ 2001: Evehelisse J. Harting Collins vs Tribunal Segundo de Juicio del Circuito…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la demanda de amparo interpuesta por la Defensora Pública Penal del ciudadano Cirilo Javier Méndez, quien había permanecido privado de libertad por más de dos años sin que se celebrara el juicio oral correspondiente. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico había declarado con lugar la solicitud de hábeas corpus, considerando que la privación de libertad era ilegítima y que el retardo en el proceso no era imputable al demandante ni a su defensa. La Sala fundamenta su decisión en la violación de derechos constitucionales, específicamente en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece límites a la privación preventiva de libertad. Se concluye que el demandante había sido víctima de un retardo procesal injustificado, lo que llevó a la confirmación de la sentencia de la Corte de Apelaciones y a la imposición de medidas cautelares sustitutivas. Finalmente, se ordena remitir copia del fallo a las autoridades correspondientes para que se determinen las responsabilidades que pudieran surgir de las violaciones constitucionales denunciadas.

El ciudadano Cirilo Javier Méndez interpuso demanda de amparo contra la decisión dictada, el 9 de mayo de 2001, por el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que le negó la imposición de una medida cautelar sustitutiva. Solicitó se expidiera a su favor mandamiento de hábeas corpus, en virtud de que ha permanecido privado de la libertad -por una medida judicial preventiva dictada en su contra- durante más de dos años, violándose de esta manera la disposición establecida en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal y, en consecuencia, la privación de libertad se ha tornado ilegítima, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico decidió sobre la pretensión de amparo y la declaró con lugar por estimar que, efectivamente, el imputado Cirilo Javier Méndez había permanecido privado de su libertad por más de dos años, como consecuencia de un auto de detención dictado en su contra, el 3 de diciembre de 1998, por el Juzgado de Parroquia del Municipio Chaguaramas de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y que, el retraso en la celebración del juicio oral y público, no era en modo alguno imputable al quejoso en amparo o a su defensa. Consta en autos oficio n° 306-01-1760, del 31 de mayo de 2001, dirigido a la Corte de Apelaciones del Estado Guárico, suscrito por la Juez de Juicio n° 2 del mismo Circuito Judicial Penal, mediante el cual informó: “[omissis] sobre la situación procesal del imputado Cirilo Javier Méndez, causa 2M-85-00, y al respecto le informo, que en fecha 20-11-98 fue detenido por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial de ésta ciudad, el 03-12-98, el Juzgado de Parroquia del Municipio Chaguaramas le dictó auto de detención, por el delito de Robo a Mano Armada y Porte Ilícito de Arma de Fuego, posteriormente el 02-02-99, el Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia de ésta ciudad, confirmó el auto de detención, luego el 26-04-99 el Juzgado Superior Segundo en lo Penal, confirmó el auto de detención y declara sin lugar la apelación del imputado.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo interpuesta por la Defensora Pública Penal del ciudadano CIRILO JAVIER MÉNDEZ contra el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico y CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal. Ahora bien, en virtud de que los hechos generadores de las violaciones constitucionales denunciadas, que llevaron a esta Sala a confirmar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, pudieran así mismo ser generadores de responsabilidad civil, penal y administrativa por parte de quien fuera señalado como agraviante, se dejan a salvo las acciones legales que pudiera ejercer el solicitante de la acción de amparo interpuesta. Asimismo, se ordena remitir copia del presente fallo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial y a la Inspectoría de Tribunales, con el objeto de que se determinen las responsabilidades correspondientes y se impongan las sanciones respectivas si a ellas hubiere lugar.