Sentencia N° 1706 Constitucional TSJ 2001: Cecilio Garcia, Domingo Retaco, Jose Arocha… vs Instituto Nacional de Hipódromos

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia relacionado con una demanda de amparo interpuesta por un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Hipódromos. La Sala de Casación Social había declinado su competencia, remitiendo el caso a la Sala Constitucional. La decisión se fundamentó en la necesidad de determinar el tribunal competente para conocer de la acción de amparo, considerando la naturaleza laboral de la relación entre los trabajadores y el Instituto. Finalmente, la Sala Constitucional declaró que la competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Para decidir sobre la regulación de competencia planteada esta Sala observa: Que el principio de descentralización de la justicia “implica la regionalización del cumplimiento o prestación de la función jurisdiccional, esto es, llevar la justicia a los niveles territoriales y espaciales inferiores en el ámbito de su competencia, a objeto de que la causa sea sustanciada, conocida y decidida por el Juez que conozca de las materias afines con ella...”.(Destacado de la Sala)(s. S.P.A. nº 02263 del 20.12.00) Que el Juez Natural es “el apto para juzgar en la especialidad a que se refiere su constitución como órgano administrador de justicia, esto es, el especialista en el área jurisdiccional donde vaya a ejercer su función...”. Por tanto, el derecho al juez natural se verá lesionado “cuando un órgano inadecuado sea el que efectúe el pronunciamiento en determinada causa, es decir, cada vez que decida un asunto que no concierna a la especialidad que le es propia, independientemente del contenido sustancial del fallo que de él emane...”.(Destacado de la Sala)(s. S.P.A. nº 02263 citada) Que el acceso a la justicia, a que tiene derecho toda persona (artículo 26 de la Constitución vigente), para lograr una tutela efectiva y obtener con prontitud la decisión se ve enervado, en muchos casos, al “obligar” a la persona a trasladarse a un lugar distinto de aquél donde ocurrieron los hechos y ante esa realidad esta Sala consideró “que en los lugares donde existen tribunales de Primera Instancia, ellos conocerán de los amparos, siempre que sean competentes por la materia afín con la naturaleza de la situación jurídica que se denuncia como infringida; es decir, que si se trata de tribunales especializados, ellos conocerán de los amparos afines con la especialización, pero si esa afinidad no existe en los tribunales especiales, los de Primera Instancia en lo Civil, por ser los tribunales de Derecho Común, serán los competentes para conocer de las acciones de amparo nacidas de infracciones constitucionales ocurridas en el territorio del Municipio donde tienen su sede (donde se encuentran instalados). Sin embargo, dada la atribución que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia otorgó en materia administrativa a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo y a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala considera que dichos tribunales seguirán conociendo amparos en primera instancia, cuando el nexo de derecho que califica a la situación jurídica, es de naturaleza administrativa, salvo las excepciones que adelante se señalan.” (Destacado de la Sala)(s. SC. 1555 del 08/12/00) En vista de las precedentes consideraciones esta Sala, para salvaguardar los principios constitucionales supra citados, debe establecer cuál es el tribunal cuya materia de especialidad es afín con el asunto planteado en el presente amparo, afinidad que, en última instancia, será determinada por el nexo de derecho que califique la situación jurídica en cuestión. Observamos que, en el caso de autos, el criterio de la “afinidad o identidad” con el derecho o garantía denunciado como violado (artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) no es suficiente, ya que no existen Tribunales que tengan competencia exclusiva en torno al fenómeno social trabajo, y así encontramos los Tribunales de la Carrera Administrativa que conocen de dicho fenómeno en lo que se ha dado por llamar el aspecto funcionarial, mientras que, por otro lado, hallamos los Tribunales del Trabajo competentes para conocer y componer los conflictos causados por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo. Por tanto, debe atenderse a la afinidad de la especificidad de la competencia material del Tribunal, con la naturaleza de la relación entre el demandante y el presunto agraviante, “... para lo cual deben tomarse en cuenta los valores e intereses envueltos en la violación o violaciones denunciadas...” (s. S.C. nº 1437 del 24.11.00). En el caso bajo análisis se discute el pago de un bono único, según lo estipulado en el acuerdo del 24 de noviembre de 2000, a los trabajadores (obreros) por reunión al servicio del Instituto Nacional de Hipódromos en el Hipódromo Nacional de Valencia. Dicha relación laboral está regida por la Ley Orgánica del Trabajo según el artículo 8 eiusdem y el artículo 5, cardinal 6, de la Ley de Carrera Administrativa. Por tanto, esta Sala considera que el asunto debatido es afín con la materia laboral, y debe conocer de este amparo un juzgado de primera instancia laboral del Estado Carabobo, lugar donde, presuntamente, ocurrieron las violaciones denunciadas.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que la competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por los ciudadanos CECILIO GARCIA, DOMINGO RETACO, JOSE AROCHA, HERNAN GIL, RICARDO FERRER, LUIS FERNANDEZ, JOSE MORENO, DAISY CASTILLO, MERCEDES QUINTERO, JOSE SALINAS, RAFAEL SOLER, AQUILES RAMOS, MILDRED GRATEROL, SAUL MALPICA, HIRAN CHAVEZ, FELIX HERNANDEZ, CARMELO CHOURIO, RULL GOMEZ, XIOMARA AZUAJE, ANDRES MORENO WILLIAN GRATEROL, DINORAH INDRIAGO, VICENTE BLANCO, MANUEL CARRUIDO, JOSE AZOCAR, CARMELO LEON, DAVID NAVARRO, YOLEIDA LAMEDA, JOSE ORTEGANO, HELI LUZARDO, ALBERTO RUBIRA, EDGAR CAMEJO, ANGEL ROJAS, MIGUEL MALPICA, ANGELICA FORERO, FREDY BOCARANDA, ORLANDO ALVARADO, JESUS TOBIAS PAEZ, JOSE APONTE, LUIS ALFREDO CASTILLO, JESUS IZAGUIRRE, PETRA QUIROZ, SOLISBELLA GUEVARA, EDGAR ANDAROZO, JOSE ANGEL BEA, JOSE ZORRILLA, HENRY PEREZ, DIVED RIOS, LUIS ARGENIS CRUZ, DAMERY GRATEROL, RICARDO VAZ, JOSE CORDERO, MIULER VIVAS, RIGOBERTO VASQUEZ, JESUS SIMON, NAPOLEON FRENELLIN, GERWIN ROMERO, JUAN E. PEREZ, JOSE SUAREZ, SAIDA GUEVARA, CARMEN MARIN, CESAR MAESTRE, HECTOR MARTINEZ, ALEJANDRO MUÑOZ, CARLOS PRADO, JOSE ROMERO, AUGUSTO UVIL SALAZAR, LUIS TOVAR, MEDARDO CABRERA, NELSON MORENO, ROLANDO SULBARAN, FREDI GRANGES, MARITZA CASTILLO, OSCAR ZERLIN, ROBERT SANDOVAL, HENRY ARIAS, ISIDRO GONZALEZ, FRANCIS SALINAS, ROGER MORENO, ELOY FAJARDO, ROBERTO RUBIRA, EDGAR LOPEZ, BARBARA RIVERO, FREDDY RIVAS, JOSE CASTILLO, MERCEDES GARCIA, KELICA BURGOS, RAFAEL ZAMBRANO, ORLANDO ESCALONA, RAFAEL ABREU, OLIMPIA MEDINA, GERARDO RODRIGUEZ, ANILEGSOID MANEIRO, LUIS MELENDEZ, JOSE SANDOVAL, JUAN GUTIERREZ, JESUS MELENDEZ, YELITZA MONTES, JUAN RUBIRA, MAURICIO CARDOZO, ALFREDO LEON, CARLOS SANDOVAL, MOYRA TABATA, HERMES VOLCAN, LISSETH LOPEZ, MARLENES FLORES, EDGAR ARIAS, ROSA FUENMAYOR, IRKHAN ANGULO, ANGEL MATHEUS, JESUS NIEVES, DANIEL ESCALONA, DANILO ZAVALA, RAMON LARA, RAFAEL LOPEZ, EGLIS SUAREZ, JOHN MEDINA, MIRIAN BASTIDAS, MIGUEL SANTULLI, JOSE RAFAEL BEA, ALEYDIS SILVA, YUDELIS REYES, ERIK BUSTAMANTE, LIOMAR DO NASCIMIENTO, KHARENNS LEVISON, FRANCISCO PINOS, ROSA QUINTERO, ZULLY MORALES, ROBERTO W. HUISA CANO, JEAN CASTILLO, MARIO LANDAETA, CLEMILITZA PEREZ, WILLIAM ACOSTA, DARVYS FUENTES, MARIA ANTONIETA LUGO, AREVALO SALAZAR, JESUS MARTINEZ, MARCOS RIVERO, MARIA OLIVARES, JOSE MALPICA, ROSIBEL RODRIGUEZ, ENRIQUE CUERVO, contra el Instituto Nacional de Hipódromos por el pago incompleto del bono único establecido en el Acta Convenio suscrita el 24 de noviembre de 2000, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. ORDENA remitir el expediente de la causa al Juzgado Distribuidor Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para que proceda a la distribución de Ley. Publíquese, regístrese y remítase el expediente.