Sentencia N° 1694 Constitucional TSJ 2001: Manuel Tirado Martínez vs Administrador de la Aduana de Puerto Cabello

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para conocer del conflicto de competencia entre el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal y el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo. Se argumenta que la acción de amparo constitucional fue interpuesta por el abogado Manuel Tirado Martínez en representación de la empresa SUMINISTROS DE ACEROS ESPECIALES VALENCIA S.A., contra el Administrador de la Aduana de Puerto Cabello, debido a la omisión de este último en resolver sobre el embargo de mercancías de la empresa. La decisión establece que el tribunal competente para conocer de la acción de amparo es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte, y se ordena la remisión de los autos a dicho tribunal. La Sala fundamenta su decisión en la normativa aplicable y en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y la celeridad en la resolución de conflictos.

Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del conflicto de competencia que se ha suscitado y, a tal efecto, observa: El artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece: “Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo, entre Tribunales de Primera Instancia, serán decididos por el Superior respectivo, los trámites serán breves y sin incidencias procesales”. La norma antes transcrita atribuye la competencia para resolver los conflictos de competencia originados entre tribunales de primera instancia, al Tribunal Superior respectivo. En el caso de autos, el conflicto de competencia se presentó entre el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal, Salvaguarda del Patrimonio Público y de Hacienda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte, por lo que al no existir un Tribunal “Superior respectivo” a ambos órganos jurisdiccionales, debe acudirse, por aplicación analógica, a la norma contenida en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior (...)” (Subrayado de la Sala). En atención a la norma antes transcrita, y por tratarse en el presente caso, de una acción de amparo constitucional, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para conocer sobre el conflicto de competencia suscitado. Así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1) Se declara COMPETENTE para conocer del conflicto de competencia originado entre el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal, Salvaguarda del Patrimonio Público y de Hacienda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte. 2) Declara que el tribunal competente para conocer de la acción de amparo ejercida por el abogado Manuel Tirado Martínez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa mercantil SUMINISTROS DE ACEROS ESPECIALES VALENCIA S.A. (SAESA VALENCIA), contra el Administrador de la Aduana de Puerto Cabello, Estado Carabobo, es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, al cual deberán remitirse inmediatamente los autos. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.