Sentencia N° 169 Constitucional TSJ 2000: Reinaldo José Guerra Caniche, Oswaldo Joaquín… vs Corte Marcial de Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados de varios ciudadanos detenidos, quienes alegan que la Corte Marcial no se pronunció sobre su situación legal. La decisión se basa en la falta de pronunciamiento sobre la libertad de los imputados, lo que infringe derechos constitucionales como el debido proceso y la libertad personal. Se ordena notificar a la Corte Marcial y al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento.

Esta Sala Constitucional ha señalado en anterior oportunidad, que la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial nº 36.860 el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Eleuterio Rafael Vásquez Brito y Tello Andrés Vásquez Martínez, actuando con el carácter de defensores y apoderados judiciales de los ciudadanos REINALDO JOSÉ GUERRA CANICHE, OSWALDO JOAQUÍN AGUILERA, JOSÉ ESTEBAN RODRÍGUEZ y MARIO GREGORIO FERNÁNDEZ ZAMORA, contra la “decisión que por vía de consecuencia declaró la reposición de la causa, con fecha 04 de Octubre de 1999, dictada por la Corte Marcial de Venezuela, que mantiene detenidos ilegítimamente, o privados de su libertad a nuestros representados”. En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala: Primero: Notificar mediante oficio al Presidente de la Corte Marcial de la acción de amparo ejercida, para que concurra a enterarse del día y hora que fije la referida Secretaría para la audiencia constitucional, a fin de que exprese los argumentos que estime conveniente; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. Segundo: Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Tercero: Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se verifique en el presente expediente.