Sentencia N° 1688 Constitucional TSJ 2001: CHARLOTTE YELITZA BELLORÍN MADRÍZ y DOMÉNICO… vs Ministerio del Interior y Justicia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por Charlotte Yelitza Bellorín Madríz y Doménico Sirica contra la omisión del Ministerio del Interior y Justicia. La Sala Político Administrativa declinó la competencia para conocer el caso, argumentando que la nueva Constitución de 1999 establece la jurisdicción constitucional a cargo de la Sala Constitucional. Sin embargo, la Sala Constitucional decidió no aceptar la declinatoria y se declaró competente para conocer de la acción de amparo, ordenando la remisión del expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para continuar con el procedimiento.

La Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal, por decisión del 21 de febrero de 2001, declinó la competencia para conocer de la presente causa en esta Sala Constitucional con base en las siguientes consideraciones: Señaló que, el 15 de diciembre de 1999, fue aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone expresamente en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las distintas Salas que lo integran. Asimismo, observó que, como la vigente Constitución otorgaba, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y dejaba a cargo de la respectiva Ley Orgánica la distribución de otras no atribuidas expresamente, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debía este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia; y que, aún cuando no existiera hasta el presente, la aludida ley orgánica reguladora de sus funciones, las distintas Salas se encontraban con la necesidad y el deber de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la entonces Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresaran, atendiendo, principalmente, al criterio de la afinidad que exista entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Determinó que, como el vigente Texto Fundamental establecía en su artículo 266, que la jurisdicción constitucional sería ejercida por la Sala Constitucional, por tanto, a ella le correspondía no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitieran la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le había sido atribuido.

Por las razones precedentemente expuestas esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia y declara COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, ORDENA la remisión del expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de que continúe la tramitación del procedimiento de amparo. Así se declara.