Sentencia N° 1687 Constitucional TSJ 2001: Leonardo Antonio Rojas Dugarte vs Universidad Central de Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por Leonardo Antonio Rojas Dugarte contra la Universidad Central de Venezuela, tras la expulsión del accionante sin un debido proceso. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado con lugar la acción de amparo, pero no ordenó la reincorporación del demandante a sus estudios. La Sala Constitucional, al analizar el caso, determinó que la decisión de la Corte no restableció la situación jurídica del accionante, por lo que se declaró con lugar la apelación y se ordenó su reincorporación a la universidad.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa: En sentencia del 8 diciembre de 2000 (caso Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala como complemento de su fallo del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), donde reguló la competencia en materia de amparo constitucional, estableció que la segunda instancia de las decisiones sobre los amparos autónomos que conozca la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo corresponderá a esta Sala Constitucional. Visto que la decisión apelada fue dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual conoció en primera instancia de un amparo autónomo interpuesto contra la Universidad Central de Venezuela, esta Sala Constitucional, coherente con el criterio establecido en las sentencias antes mencionada, se declara competente para conocer de la presente consulta, y así se decide. Determinada su competencia, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la apelación ejercida y, al respecto, observa que, en el presente caso, la sentencia recurrida, dictada el 21 de noviembre de 2000 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, declaró con lugar la acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano LEONARDO ANTONIO ROJAS DUGARTE, contra la Universidad Central de Venezuela, por violación de la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, ordenó a la referida Universidad iniciar un procedimiento administrativo para la revisión de la inscripción del accionante, que garantizara el derecho a la defensa y al debido proceso. Asimismo, ordenó la remisión de copias certificadas de las actuaciones del asunto al Ministerio Público, para que iniciara la averiguación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Carlos Brender, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano LEONARDO ANTONIO ROJAS DUGARTE, antes identificado, contra la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2000, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se modifica el dispositivo del fallo apelado, en los siguientes términos: PRIMERO.- CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por el ciudadano LEONARDO ANTONIO ROJAS DUGARTE, asistido por el abogado Carlos Brender, contra la Universidad Central de Venezuela. SEGUNDO.- Se ORDENA a la Universidad Central de Venezuela reincorporar al ciudadano LEONARDO ANTONIO ROJAS DUGARTE en sus estudios en la Escuela de Administración y Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa Universidad, y proceda a la apertura del procedimiento administrativo para la revisión de la inscripción del referido ciudadano, en el cual se le garanticen su derecho a la defensa y al debido proceso. TERCERO.- Se ORDENA la remisión de copias certificadas de las actuaciones llevadas en el presente caso al Ministerio Público, a los fines de que de inicio a la averiguación a que se refiere el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil uno (2001).