Sentencia N° 1685 Constitucional TSJ 2001: Lil Vargas vs Domingo Antonio Díaz Otero — Hábeas corpus a favor de Domingo Antonio…

La Sala Constitucional del TSJ confirma la decisión de la Corte de Apelaciones que declaró con lugar la solicitud de hábeas corpus interpuesta por la defensora pública penal a favor de Domingo Antonio Díaz Otero. Se establece que la detención del imputado fue ilegítima al no haberse dictado una orden judicial dentro del lapso establecido por el Código Orgánico Procesal Penal. La Corte de Apelaciones amonestó al Juez Segundo de Control por no pronunciarse sobre la solicitud de privación preventiva de libertad, vulnerando el debido proceso.

Decidido lo anterior, corresponde pronunciarse acerca de la consulta planteada en autos, previa, la siguiente consideración: Se evidencia de los alegatos que fundamentan la apelación interpuesta por el Juez Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, contra la decisión dictada el 28 de mayo de 2001 por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial, que está dirigida a atacar la amonestación decretada en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial. En tal sentido, esta Sala observa que la amonestación decretada por la Corte de Apelaciones en contra del Juez Segundo de Control, obedece a un acto administrativo de naturaleza disciplinaria, por tratarse de una sanción impuesta a un inferior jerárquico, lo cual determina que su impugnación sólo puede hacerse a través de la jurisdicción contencioso administrativa; así, lo ha reiterado este Supremo Tribunal, al establecer que la decisión del juez de ordenar una sanción disciplinaria, es un acto administrativo de efectos particulares, y en consecuencia, debe ser impugnado -de ser el caso- a través de la vía administrativa o contencioso administrativa. A tal efecto, esta Sala, en Sentencia Nº 707 del 10 de mayo de 2001, estableció: “... considera esta Sala que el presente conflicto de competencia no debió ser planteado, ya que la jurisprudencia es reiterada al establecer que en materia disciplinaria la jurisdicción competente es la jurisdicción administrativa...” (Resaltado del presente fallo)

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, el 28 de mayo de 2001, que declaró CON LUGAR la solicitud de hábeas corpus, interpuesta por la defensora pública penal, a favor del ciudadano Domingo Antonio Díaz Otero. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente.