Sentencia N° 1682 Constitucional TSJ 2001: Luis Edgardo Meza Magallón vs Centro de Recubrimiento Electrostático en…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió revocar la sentencia dictada el 26 de abril de 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que había declarado con lugar la acción de amparo interpuesta por Luis Edgardo Meza Magallón. La Sala consideró que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito había actuado fuera de su competencia al no notificar a las partes sobre el abocamiento del nuevo juez, lo que violó el derecho a la defensa y al debido proceso.

La presente acción de amparo fue interpuesta por el ciudadano Luis Edgardo Meza Magallón, en su carácter de director de la empresa Centro de Recubrimiento Electrostático en Polvo Cerepca C.A., por la violación de los derechos constitucionales de la defensa y al debido proceso contemplados en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la sentencia dictada el 2 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Observa esta Sala que el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil establece el principio del la citación única, por el cual las partes quedan a derecho luego de practicada la citación para la contestación de la demanda no siendo necesario practicar ninguna otra nueva citación, para ningún otro nuevo acto del juicio. No obstante, el referido artículo 26 establece una excepción a la regla antes mencionada, que consiste en que únicamente deberá practicarse una nueva citación cuando lo establezca expresamente la Ley. Es clara la intención del legislador en no dejar a discreción del juez la necesidad de practicar una nueva citación para la realización de un acto dentro del proceso. El artículo 233 del mismo texto ratifica la intención ya mencionada del legislador al establecer: “Artículo 233: Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del proceso, la notificación puede verificarse por medio de la imprenta, con la publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el Juez, dándose un término que no bajará de diez días. También podrá verificarse por medio de boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, conforme al artículo 174 de este Código, o por medio de boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el citado domicilio. De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el expediente el Secretario del Tribunal” (Subrayado de la Sala). Es claro, entonces, que los únicos casos donde el juez debe practicar una nueva citación o notificación para la realización de actos dentro del proceso son los expresamente establecidos por la ley. Es así como en el caso bajo análisis nos encontramos con uno de esos casos excepcionales al establecer el artículo 14 del Código Procesal Civil, lo siguiente: “Artículo 14: El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados” (Subrayado de la Sala). Visto lo anterior, la falta de notificación de las partes por el juez provisorio de su abocamiento al conocimiento de la causa, podría constituir una violación del derecho a la defensa contemplado en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión dictada en fecha 26 de abril del 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Luis Edgardo Meza Magallón en representación de la empresa Centro de Recubrimiento Electrostático en Polvo Cerepca C.A., contra la decisión emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda del 2 de febrero de 2000, por tanto, dicha acción se declara sin lugar. Así se decide.