Sentencia N° 1679 Constitucional TSJ 2001: Inversiones Champiñac 18 C.A. vs Navarro & Compañía C.A. — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 5 de septiembre de 2001, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por INVERSIONES CHAMPIÑAC 18 C.A. contra la sentencia del Juzgado Superior Sexto que había declarado sin lugar las apelaciones de la parte demandante. La Sala consideró que la decisión impugnada violó el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al no pronunciarse sobre los alegatos de la parte accionante y al no motivar adecuadamente su fallo. Se ordenó la reposición de la causa al estado en que el Juzgado Superior se pronuncie sobre la apelación ejercida.

La acción de amparo se fundamentó en la violación del derecho constitucional de acceso a los órganos de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 26, 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, los apoderados judiciales de la accionante adujeron que el presente amparo reúne los requisitos de admisibilidad, toda vez que la decisión accionada fue dictada por un Tribunal Superior que conoció en segunda instancia de la acción de amparo constitucional y, además, que las garantías constitucionales que motivan el ejercicio de dicha acción no son las mismas que originaron el planteamiento del amparo que conocido en dos instancias fue declarado procedente. Continuaron expresando que el Juzgado a quem, al dictar su decisión, solamente se pronunció respecto de lo alegado por una de las partes, dado que, si bien reseñó en la parte narrativa del fallo los argumentos esgrimidos por la hoy accionante, omitió todo pronunciamiento sobre éstos, negándole así la oportunidad que sí concedió a la otra parte, de que las razones que haya hecho valer fuesen revisadas por el órgano judicial. Además, agregaron que “...el acceso a los órganos de justicia, y el derecho a la tutela judicial efectiva, representa y constituye entre otras cosas, no sólo que cada una de las partes en contradictorio tengan en efecto el derecho de exponer sus alegatos y defensas, sino más aún, que el Organo Judicial llamado a resolver la controversia, emita un pronunciamiento que contenga la revisión y análisis de los alegatos de las dos partes, y no una decisión en la que haya revisado sólo los alegatos de una de ellas”.. Aunado a lo anterior, adujeron que el referido Juzgado Superior no se pronunció acerca de la denuncia de que al fallo definitivo de primera instancia le faltaba la página que contenía la motivación, lo cual estiman constituye una flagrante violación de los más elementales principios del debido proceso y, por ende, del orden público.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Joel Bracho Franco, Marielba Ghersi Guinand y Carlos Campos Aguilar, actuando con el carácter de apoderados judiciales de INVERSIONES CHAMPIÑAC 18 C.A., ante identificada, y se deja sin efecto la decisión dictada el 21 de septiembre de 2000, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se REPONE LA CAUSA al estado en que el Juzgado Superior correspondiente, se pronuncie acerca de la apelación ejercida por los apoderados judiciales de INVERSIONES CHAMPIÑAC 18, C.A. y la Juez Décimo Quinta de Municipio de esta Circunscripción Judicial, para lo cual se ORDENA a la Secretaría de esta Sala remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil que cumpla la función de distribuidor en esta Circunscripción Judicial, a fin de que a su vez lo envíe de manera inmediata a aquél que deba conocer de la referida apelación. TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ORDENA remitir copia certificada de esta decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a fin de que determine las responsabilidades disciplinarias en que hayan podido incurrir los Jueces de las Instancias involucrados en este proceso.