Sentencia N° 1670 Constitucional TSJ 2001: Pedro Manuel López Hernández vs Dra. ROSSANA FORESTO de VENTURA

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de amparo constitucional interpuesto por Pedro Manuel López Hernández, quien alegó violaciones a sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible su solicitud de hábeas corpus, lo que motivó la consulta ante el TSJ. La Sala, tras analizar los argumentos, concluyó que el tribunal que dictó la sentencia de encarcelación era incompetente para ello, ya que dicha materia corresponde al Tribunal de Ejecución.

En el caso de autos, el accionante adujo que, dentro de los pronunciamientos contenidos en la sentencia condenatoria pronunciada en la audiencia del Juicio Oral, celebrada con ocasión del proceso penal que se le sigue, por la comisión de los delitos de homicidio intencional y uso indebido de arma de reglamento, el Tribunal Mixto que presidió el referido acto procesal ordenó el libramiento de boleta de encarcelación del encausado; decisión que habría violado, en perjuicio de este último, los derechos fundamentales a la libertad y seguridad personales, al debido proceso y a la presunción de inocencia, contenidos en los artículos 44 y 49 de la Constitución y, como consecuencia de ello, el referido procesado pidió que se decretara su libertad. Ahora bien, se ha denunciado en la presente causa una lesión al derecho fundamental a la libertad personal, reconocido en el artículo 44 de la Constitución. Se trata de un derecho irrenunciable; adicionalmente, las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado son, según lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal, de interpretación restringida. Se concluye, entonces, que las normas que rigen la materia en análisis son de eminente orden público. Fue denunciado, igualmente, que el Tribunal que dispuso la encarcelación del accionante de autos era incompetente para ello, pues se trataba de materia de ejecución de sentencia, la cual, como se dispone en el Código Orgánico Procesal Penal, está reservada al Tribunal de Ejecución, lo cual, en definitiva, plantea una presunta violación del régimen legal en materia de competencia procesal, así como del derecho constitucional al debido proceso, en su manifestación específica del derecho al juez natural, establecido en el artículo 49, cardinal 4, de la Constitución, por estar el mismo sustancialmente vinculado con aquéllas. Habiendo sido ejercida la presente acción de amparo, fundamentada en presuntas lesiones a derechos fundamentales que, como la libertad personal y el debido proceso, interesan al orden público, como lo ha establecido en reiteradas ocasiones este Máximo Tribunal (léanse, por ejemplo, en materia de competencia, decisión n.º 00093, de 02 de febrero de 2000, pronunciada por la Sala Político-Administrativa; asimismo, en relación con el juez natural, el fallo de la Sala Constitucional, recaído en el caso Agelvis Alarcón), contrariamente a lo dispuesto por el juez constitucional de primera instancia, no es legalmente oponible a la presente acción de amparo constitucional la inadmisibilidad señalada en el artículo 6º, cardinal 4, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA, por las razones expuestas, la sentencia dictada, en primera instancia, por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas el 3 de julio de 2001, por la cual declaró inadmisible la demanda de amparo interpuesta por el ciudadano PEDRO MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ contra la sentencia del Juez Segundo del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas y elevada en consulta. En consecuencia, REPONE la presente causa al estado de que se decida sobre la admisibilidad de la acción de amparo de la cual se conoce en el presente proceso, con expresa instrucción al juez a quo de que, en ningún caso, podrá fundar la inadmisibilidad de la acción propuesta en la caducidad de la misma.