Sentencia N° 167 Constitucional TSJ 2001: Gregorio Eduardo Alvarez Marín vs Cuerpo Técnico de Policía Judicial

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre su competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta por Gregorio Eduardo Álvarez Marín contra un acto administrativo del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La Sala determinó que, dado que el accionante es un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado, se encuentra excluido de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, lo que implica que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es el tribunal competente para conocer de la acción. En consecuencia, la Sala se declaró incompetente para conocer del caso y ordenó el envío de los autos a la corte correspondiente.

La acción de amparo constitucional objeto de análisis, se interpuso –como se señaló- contra el acto administrativo contenido en el Memorando nº 9700-104, de fecha 27 de febrero de 1998, emanado Cuerpo Técnico de Policía Judicial, mediante el cual se destituyó al hoy accionante del cargo de Sub-Inpector, adscrito a la División contra la Delincuencia Organizada del referido ente policial, lo que conlleva a esta Sala a afirmar que el fondo de la presente causa se refiere a un asunto funcionarial. Ahora bien, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia. Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”. Es doctrina de este Máximo Tribunal que, en materia de amparo, no sólo es necesario analizar la naturaleza del derecho o la garantía constitucionales presuntamente violadas o amenazadas de violación, a los efectos de determinar la competencia, sino que debe atenderse a la relación existente entre la violación denunciada y la situación jurídica existente entre las partes, a fin de subsumirla objetivamente dentro de los principios de competencia.

1.- Se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GREGORIO EDUARDO ALVAREZ MARÍN, asistido por la abogada Alicia Duarte Ortega, contra el acto administrativo de efectos particulares, contenido en el Memorando nº 9700-104 de fecha 27 de febrero de 1998, emanado del CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL. 2.- Declara que el tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a la cual deberán remitirse inmediatamente los autos.