Sentencia N° 167 Constitucional TSJ 2000: Omar Enrique Vivas Rincón — Recurso de apelación en amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Enrique Vivas Rincón, quien alegaba violaciones a sus derechos y garantías constitucionales en el proceso penal que se le seguía. La Sala determinó que el Juzgado Noveno de Primera Instancia actuó dentro de su competencia al negar el beneficio de suspensión condicional de la pena, confirmando así la decisión del Juzgado Superior Decimoctavo que había declarado sin lugar la acción de amparo. La Sala concluyó que no se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa del solicitante.

La Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial n° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona. Destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, el cual precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que sean inherentes a la persona aunque no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo el cual “será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad”; tiene al respecto la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano OMAR ENRIQUE VIVAS RINCÓN, contra la sentencia de fecha 26 de abril de 1999 emitida por el Juzgado Superior Decimoctavo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el referido ciudadano el 14 del mismo mes y año contra la decisión de fecha 08 de abril de 1999 dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción del Area Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se confirma el referido fallo aun cuando sobre la base de una motivación completamente diferente.