Sentencia N° 1655 Constitucional TSJ 2001: BLANCA SONIA FIGUEROA y LACIDES RAMÍREZ — Amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la decisión del Juzgado Superior Cuarto que declaró inadmisible la solicitud de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Blanca Sonia Figueroa y Lacides Ramírez. La Sala considera que no se cumplió con el procedimiento de notificación requerido, lo que impide que se considere transcurrido el lapso para la consignación de la documentación necesaria para el amparo. Se ordena al tribunal inferior notificar al apoderado actor para que presente la documentación exigida en un plazo de 48 horas.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente causa, y observa que se trata de la consulta de una decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, y en tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja) se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara. Pasa ahora a examinar los alegatos expuestos y recaudos existentes, y al respecto observa: Conforme a los recaudos que reposan en el presente expediente, se constata que los accionantes en amparo no acompañaron con su escrito los documentos sobre los cuales fundaron su pretensión, entre otros, copias certificadas de los autos expresamente señalados en el libelo. Por tal motivo, el Juez del amparo no tuvo conocimiento de los hechos denunciados, y que presuntamente violaban o amenazaban derechos o garantías constitucionales de los accionantes. Ahora bien, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que si la solicitud de amparo fuese oscura o no llenare los requisitos exigidos en el artículo 18 eiusdem, se debe notificar al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de su notificación. Observa la Sala que, pese a que el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de Caracas dictó un auto para solicitar del interesado la documentación correspondiente que fundamentara su acción de amparo, dentro de un lapso de cuarenta y ocho (48) horas, no existe constancia en autos de que se hubiese ordenado y practicado la notificación de los accionantes en amparo, por lo que no puede considerarse transcurrido un lapso donde no se han cumplido todos los extremos establecidos en la ley que rige la materia, y la Sala estima, en consecuencia, que aún no ha comenzado a correr el lapso para que los accionantes consignen la documentación solicitada, lo que trae como resultado que se revoque la decisión consultada y se ordene al Tribunal Superior en referencia, ante el cual se presentó el amparo, notificar al apoderado actor para que comience a correr el lapso de cuarenta y ocho (48) horas que le fue acordado para consignar la documentación que fundamente su solicitud y, en caso de que no lo haga, se considerará inadmisible la solicitud de amparo, y así se declara.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión del 23 de octubre de 2000, emanada del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta el 17 de octubre de 2000 por el abogado defensor José Joel Gómez Cordero, a favor de los ciudadanos BLANCA SONIA FIGUEROA y LACIDES RAMÍREZ, el 17 de octubre de 2000, y repone la causa al estado de que se le notifique al apoderado actor del plazo de cuarenta y ocho (48) horas que tiene para la consignación de los documentos e información señalados en el auto del 19 de octubre de 2000, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.