Sentencia N° 165 — Sala Constitucional del TSJ, 2 de marzo de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, revisó la sentencia Nº 01556 de la Sala Político Administrativa que había declarado parcialmente con lugar un recurso contencioso administrativo sobre la jubilación del ciudadano Héctor Augusto Serpa Arcas. La Sala concluyó que la interpretación de la seguridad social y jubilación realizada por la Sala Político Administrativa era errada, afectando el derecho a la jubilación del recurrente. Se declaró la nulidad de la sentencia impugnada y se ordenó al Ministerio Público asumir el pago de la pensión de jubilación del recurrente, ajustada al salario actual del cargo de Fiscal General de la República.

La Sala advierte que resulta una obligación ineludible del juez que pretende sentar un nuevo criterio jurisprudencial por medio del análisis de las normas o principios constitucionales e incluso de las interpretaciones vinculantes establecidas por esta Sala, que el mismo se realice ponderadamente sobre la base de criterios de razonabilidad en cuanto a la procedencia, necesidad y consecuencias jurídicas del cambio de criterio sobre la realidad social. En efecto, el análisis de la norma constitucional no puede formularse en términos matemáticos que desconozcan la unidad del sistema normativo y que pueda hacer llevar al juez a conclusiones erróneas, en detrimento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y de la coherencia del sistema jurídico en un Estado de Derecho y Justicia.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara HA LUGAR a la solicitud de revisión efectuada por el abogado JULIÁN ISAIAS RODRÍGUEZ DÍAZ, en su carácter de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, ya identificado, de la sentencia Nº 01556 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 15 de octubre de 2003, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de anulación ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos, contra el acto administrativo de efectos particulares distinguido con el Nº DFGR-98-13233 de fecha 17 de abril de 1998, dictado por el entonces Fiscal General de la República, ciudadano Iván Darío Badell González, mediante el cual declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº DFGR-97-0025738 de fecha 5 de agosto de 1997, que negó el beneficio de jubilación al ciudadano Héctor Augusto Serpa Arcas. En consecuencia, se declara la NULIDAD de la sentencia cuya revisión se solicitó y se remite a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia el expediente de la causa para que dicte un nuevo pronunciamiento, en acatamiento a la doctrina establecida en este fallo.